La construcción de una carretera en la vereda Iscalá Norte, en zona rural de Chinácota, tiene desatada una controversia entre la administración municipal, funcionarios de la misma administración municipal y la comunidad, luego de que el alcalde Ramiro Luna denunciara la presunta ejecución de obras sin autorización ambiental que, según afirmó, han provocado la tala de bosque nativo y la intervención de áreas cercanas a fuentes hídricas.
La alerta surgió tras una denuncia presentada por habitantes de la vereda, quienes solicitaron la suspensión inmediata de los trabajos al advertir la presencia de maquinaria pesada y el avance de movimientos de tierra en un sector considerado ambientalmente sensible.
“Fuimos alertados de dos intervenciones acá en el área de Iscalá, donde maquinaria no autorizada está haciendo intervención y tala indebida de bosques y árboles nativos”, manifestó el mandatario.
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Luna anunció la apertura de investigaciones para establecer quién autorizó las obras y determinar si existieron irregularidades en la expedición de permisos.
“Vamos a investigar cómo fueron estos permisos y quién está haciendo estas intervenciones. Vamos también a dar aviso a Corponor y vamos a sancionar a las personas que están actuando de esta manera, dañando la naturaleza de Chinácota y avanzando en procesos que no tienen autorización”, afirmó.
El alcalde también advirtió que, de encontrarse responsabilidad de servidores públicos, se iniciarán las actuaciones disciplinarias correspondientes.
“Si hay funcionarios involucrados en esto, también les vamos a aplicar las sanciones respectivas. No vamos a permitir que se siga avanzando en urbanizaciones, apertura de vías o movimientos de tierra sin los permisos y sin las condiciones de protección de las áreas ambientales de Chinácota”, señaló.
Versiones encontradas
Mientras el alcalde sostiene que las intervenciones carecen de autorización, el secretario de Control Urbano, Cristian Mauricio Rodríguez, entregó una versión diferente sobre la apertura de la vía.
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El funcionario explicó que los trabajos corresponden a una vía interna de una finca ubicada en la vereda Iscalá Norte, de propiedad de un ciudadano identificado como Hernán, y aseguró que, según la información que conoce, la autorización urbanística fue expedida por la Secretaría de Planeación.
“Según tengo entendido, el propietario de la finca cuenta con autorización de la Alcaldía para la apertura de la vía”, indicó Rodríguez.
Sin embargo, precisó que la administración desconoce si existe autorización ambiental para la intervención de la cobertura vegetal.
“Lo que sí se desconoce es el tema con Corponor. No conocemos si la corporación emitió permisos para talas o intervención de bosque en la zona de Iscalá”, agregó.
Habla Corponor
Frente a las inquietudes manifestadas por la comunidad de Chinácota, Corponor señaló que es importante tener claridad en que las competencias relacionadas con el estudio, trámite, expedición y control de las licencias urbanísticas, así como la verificación de la legalidad de las construcciones, corresponden a las autoridades urbanísticas municipales, de acuerdo con la normativa vigente.
En el ámbito de sus funciones, Corponor ha cumplido con la actualización de las determinantes ambientales y continuará ejerciendo las competencias que le otorga la ley en materia ambiental, manteniendo la coordinación institucional que sea necesaria y realizando las revisiones y análisis técnicos a que haya lugar frente a posibles afectaciones a los recursos naturales derivados de las actividades que se desarrollen en el territorio.
Fotografías conocidas por La Opinión muestran la presencia de maquinaria amarilla y evidencian remoción de tierra e intervención sobre zonas boscosas en los cerros de la vereda, hechos que coinciden con las denuncias formuladas por habitantes del sector.
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Comunidad exige frenar las obras
En la comunicación dirigida al alcalde Ramiro Luna, líderes y residentes de Iscalá Norte solicitaron el cese inmediato de las intervenciones y reclamaron acciones frente a lo que califican como un proceso de urbanización ilegal.
Entre sus peticiones exigen “el cese inmediato del urbanismo pirata, la protección de los ecosistemas y la rendición de cuentas sobre la inacción de las autoridades”.
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