Una inesperada propuesta que comprometería recursos de la Nación por el orden de 1,5 billones de pesos para la sustitución de coca durante los próximos 10 años fue presentada por la Asociación Campesina del Catatumbo (Ascamcat) al Gobierno Nacional.
Así lo indicó Juan Pablo Díaz Granados, viceministro para el Desarrollo Rural, luego de la reunión efectuada entre las partes, para verificar los acuerdos del paro de 2013.
El borrador de dicha estrategia para la sustitución, si bien no especifica su temporalidad sí pide que se asignen 100 mil millones de pesos en la vigencia fiscal 2016 y, durante las vigencias futuras, destinar la misma suma anual “hasta completar la ejecución total del programa”.
Según el funcionario, la sorpresa no solo se dio por el comprometedor monto sino porque, “en la relatoría que hace Naciones Unidas, esta no aparecía ni física ni virtualmente”.
Además de los rubros, el proyecto amplía la zona en la que se había acordado trabajar inicialmente: la vereda La Angalia, en Tibú, y se expande a El Carmen, Teorama, Convención, El Tarra, San Calixto, Hacarí, La Playa, Sardinata, El Zulia y Cúcuta; lo cual, dice el gobierno, no era conocido.
Sin embargo, “partiendo de la buena fe” y tras una jornada de fuerte debate y polémica por la pretensión de Ascamcat de obtener una respuesta inmediata, Díaz Granados afirmó que se llegó a un acuerdo.
“Para superar el impase el 31 de marzo, durante un día completo, se sesionará en la Gobernación con las autoridades competentes”, dijo. “Seguimos actuando con prudencia porque aquí no se trata de correr, sino de garantizar el cumplimiento de los compromisos”.
Por tal motivo insistió en que no se debe interpretar que el tiempo que pide el Gobierno Nacional para analizar una propuesta “que por primera vez se está conociendo sea un no rotundo, o un fracaso de la mesa”.
Además, dijo que dos semanas y media de plazo son un tiempo justo, en especial cuando el proyceto de Ascamcat incluye una estrategia que aún se está diseñando con los ministerios de Posconflicto, Agricultura, Interior, Prosperidad Social, entre otros para luchar contra los cultivos ilícitos.
La otra versión
Juan Carlos Quintero, vocero de Ascamcat, comentó que en ningún momento se pidió tal suma de dinero, pero sí dijo que la sustitución general de coca incluye un cronograma definido hasta por 10 años.
“A partir de la firma de los acuerdos debemos promover que no se extienda la siembra, mientras el Gobierno cesa la erradicación y establece políticas integrales para la comunidad”, refirió.
Agregó que la propuesta presentada no es nueva, y calificó como grave que se negara su presentación en septiembre de 2015, y señaló que viene de una propuesta nacional de cocaleros.
Igualmente, indicó que en la vereda La Angalia las familias cocaleras ya tienen un pacto de control social de no ampliar los cultivos de coca, que abarcan cerca de 160 hectáreas cultivadas por 60 familias, y que mantienen su voluntad de participar en un proyecto de sustitución gradual para generar confianza en el Gobierno Nacional.
Donde sí hay avances
Tanto el viceministro como Quintero manifestaron que se ha cumplido en materia de proyectos productivos, saneamiento básico y vías.
“Los proyectos productivos están cumplidos casi al cien por ciento, y vienen algunos actos protocolarios de entrega de los mismos, este y el próximo mes”, dijo Díaz Granados.
Por su parte, Quintero dijo que “valoramos, aunque sea dos años después, este avance”, y resaltó los $1.500 millones que se suman de la Gobernación para el anillo vial para la paz.
“La gente ya está viendo los resultados materiales”, dijo.
Aunque criticó que no haya solución para la zona de reserva campesina, ni para la coca, insistió en que hay disposición comunal para cambiar la región; en tanto que el viceministro reveló que en próximos días el presidente Juan Manuel Santos presentará una estrategia para la sustitución.
*La Opinión
