Más de 67 hallazgos fiscales de diversa índole y la falta de alcalde en propiedad en Sardinata son los problemas que, a juicio de la Contraloría departamental, tienen en una “condición desafortunada” a este municipio.
Según Silvano Serrano, titular del ente de control, las quejas de la ciudadanía según las cuales habría irregularidades en la contratación, condujeron a una audiencia integral que reveló la situación de la Alcaldía.
Preliminarmente, se hicieron 4 hallazgos disciplinarios, trasladados a la Procuraduría regional; 16, de carácter fiscal, que suman cerca de $250 millones, y 47, administrativos.
Adicionalmente, la no entrega de información a tiempo derivó en la apertura de 10 procesos sancionatorios, con multas para los funcionarios implicados.
También se revisó una declaratoria de urgencia manifiesta por gestión del riesgo, cuya auditoría dejó hallazgos disciplinarios y fiscales.
Los hallazgos corresponden a 2016, es decir, implican la gestión de la alcaldesa elegida, hoy con casa por cárcel, Yamile Rangel, y el alcalde encargado, Víctor Julio Rangel, exalcalde de Bucarasica y sobrino de la mandataria.
Para Serrano, la condición del municipio “denota que la Alcaldía requiere un plan de mejora permanente en sus procedimientos administrativos, manuales de procesos, control interno, y atención especial de los órganos de control”.
Por ello, se propondrá el acompañamiento de la Comisión regional de moralización, que incluye la Procuraduría y la Fiscalía, entidades enteradas de las quejas comunitarias.
“Esperamos que se resuelva el tema de interninidad para que vuelva la normalidad administrativa”, declaró el contralor, quien catalogó los hechos como una prueba de “desinstitucionalización”.
Sobre la expectativa de los pobladores, quienes esperan sanciones efectivas sobre el alcalde y la resolución del fallo contra la alcaldesa, Serrano señaló que se garantiza el debido proceso a la Alcaldía, actualmente en proceso de descargos, pero si a juicio de la Contraloría los argumentos no son válidos, se abrirá el juicio de responsabilidad fiscal a los ordenadores del gasto, mientras que los hallazgos disciplinarios quedarán en la Procuraduría provincial.
