La violencia no da tregua en el Catatumbo. Tras una recrudecimiento de las hostilidades con explosivos lanzados desde drones, enfrentamientos armados y desplazamientos masivos, la Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional, a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías locales para activar de manera inmediata los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria en la región.
El más reciente reporte oficial da cuenta de tres detonaciones provocadas por artefactos explosivos dirigidos mediante drones el pasado miércoles 21 de octubre en el casco urbano y rural de El Tarra, específicamente en el barrio Villa Esperanza y la vereda El Llano. Las explosiones dejaron varias personas con afectaciones físicas y psicológicas entre ellas una adolescente, quienes vienen siendo atendidas en centros de salud.
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Esta ola de violencia provocó ese mismo día la llegada masiva de más de 50 núcleos familiares al casco urbano de El Tarra. Ante la emergencia, la Personería Municipal inició la caracterización de las familias afectadas y activó el plan de contingencia.
Panorama crítico en la subregión
La Defensoría advirtió que la situación en El Tarra es dramática: en lo que va de 2026, el municipio registra un saldo acumulado de 1.447 personas desplazadas (611 familias) de las zonas rurales.
El escenario en San Calixto es igualmente preocupante. Los ataques recurrentes con drones han generado el desplazamiento forzado de cerca de 200 familias (unas 600 personas) en veredas del corregimiento de La Cristalina y la zona norte del municipio, en límites con El Tarra.
De acuerdo con las autoridades locales, una niña resultó herida por esquirlas de un artefacto explosivo tras un ataque con dron y tuvo que ser trasladada a Ocaña para recibir atención médica especializada.
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Flagelo del secuestro en Ocaña
A la crisis humanitaria provocada por las confrontaciones y las restricciones a la movilidad impuestas por los grupos armados ilegales, se sumó el secuestro de un reconocido comerciante de 69 años de edad en el municipio de Ocaña, registrado la noche del jueves 22 de octubre.
Según los informes preliminares, hombres armados lo interceptaron cuando se desplazaba hacia una propiedad en las afueras de la localidad y lo internaron a la fuerza hacia la zona rural. Las autoridades desplegaron un operativo candado en la provincia para intentar dar con su paradero y lograr su liberación.
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Clamor por el respeto al DIH
Frente a la escalada de la conflagración, la Defensoría del Pueblo le recordó a las estructuras armadas que operan en la subregión la obligación imperativa de acatar las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH).
"Recordamos que la población civil no puede ser involucrada en las hostilidades ni ser objeto de ataques, amenazas, intimidaciones y señalamientos. Reiteramos a los grupos armados su obligación de abstenerse de acciones que pongan en riesgo la vida y la seguridad de las comunidades", enfatizó el órgano defensor.
Finalmente, la entidad instó al Gobierno Nacional a coordinar esfuerzos con los entes territoriales para llevar asistencia integral a los damnificados y frenar nuevos episodios de confinamiento y desplazamiento en el Catatumbo.
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