La Universidad de Pamplona atraviesa una nueva disputa por el control de su rectoría después de que el Consejo de Estado anuló la elección de Ivaldo Torres Chávez para el periodo 2025-2028.
Ahora, el temor que existe, no solo en los distintos estamentos del alma mater, sino también entre los habitantes de la fría Pamplona, es que los mismos miembros del Consejo Superior Universitario que llevaron a Torres a la rectoría en la recién anulada elección lo vuelvan a hacer en el proceso que está por ser convocado a partir de la próxima semana.
La Sección Quinta determinó que el Consejo Superior Universitario no podía elegirlo para un tercer periodo consecutivo, debido a que el estatuto institucional permitía una sola reelección. La decisión también dejó sin efectos el Acuerdo 051 del 4 de diciembre de 2024.
Pero la salida de Torres no significó el final de la discusión sobre quién tendrá el control de la institución durante el nuevo proceso de elección.
El 31 de julio de 2026, en una discutida sesión de la que aún no se conoce el acta porque no ha sido publicada, el Consejo Superior Universitario designó como rectora encargada a Laura Patricia Villamizar Carrillo, mediante el Acuerdo 047.
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La designación ha generado cuestionamientos dentro de sectores de la comunidad universitaria debido a la relación profesional que Villamizar ha mantenido durante años con la administración de Torres. Antes de llegar a la rectoría, ocupó, entre otros cargos, la Vicerrectoría Académica de la institución.
Un encargo que abrió nuevas preguntas
El punto que genera mayor controversia no es solamente quién asumió temporalmente la rectoría, sino las decisiones que ha adoptado o estudiado el Consejo Superior después de la sentencia del Consejo de Estado, algo sobre lo cual, hasta el cierre de la presente edición, no se han pronunciado la Universidad de Pamplona ni el mismo CSU frente a las solicitudes de La Opinión.
Según documentos y cuestionamientos conocidos en el entorno universitario, antes de la sesión del 31 de julio fueron presentadas varias recusaciones contra el representante de los exrectores. Los argumentos planteados cuestionaban su participación en las decisiones del Consejo Superior por su inscripción como aspirante en una convocatoria anterior y por declaraciones públicas relacionadas con el proceso de elección.
Ese representante terminó apartado de la sesión en la que se produjo el encargo de Villamizar en la rectoría.
El episodio es cuestionado porque, según los reparos formulados por el propio representante de los exrectores, Elio Serrano, las recusaciones fueron presentadas en cadena y terminaron impidiéndole participar en una de las decisiones más importantes adoptadas por el Consejo Superior después de la anulación de la elección de Torres.
La controversia judicial tampoco ha resuelto de fondo ese asunto. Una tutela presentada por Serrano no prosperó en las instancias que la conocieron, al considerar los jueces que existían otros mecanismos judiciales para discutir el problema.
La reforma que volvió a poner a Torres en el escenario
La controversia adquirió una nueva dimensión durante la sesión del Consejo Superior del 9 de septiembre.
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En esa reunión aparecieron propuestas relacionadas con una reforma al Estatuto General de la Universidad. Entre los cambios que han generado cuestionamientos está la modificación de la norma que establece el límite de una sola reelección para el rector. Esto no ha sido confirmado ni negado por el CSU.
El Consejo de Estado acababa de anular precisamente la elección de Torres porque el estatuto permitía una sola reelección y no un tercer periodo consecutivo.
Por esa razón, sectores de la comunidad universitaria consideran especialmente sensible que, mientras se debe poner en marcha un nuevo proceso para escoger rector, se estudien modificaciones a las reglas que determinan quién puede aspirar al cargo.
El cuestionamiento está relacionado con el momento en que se plantea la modificación y sus posibles efectos sobre el próximo proceso de elección. Ese es precisamente uno de los interrogantes que ahora se plantean dentro de la Universidad de Pamplona.
Si se elimina o modifica la restricción que actualmente limita la reelección del rector, una eventual reforma podría cambiar las condiciones bajo las cuales se desarrollaría el próximo proceso de elección.
Asamblea extraordinaria, el martes
La Opinión conoció que el próximo martes el Consejo Superior Universitario (CSU) convocó a una sesión extraordinaria, a las 7:30 a. m., en el Club Comercio de Cúcuta, donde se darán a conocer el cronograma para la elección del próximo rector y la modificación de los estatutos.
Esto último fue advertido por voceros de la Veeduría Prodefensa de la Universidad, quienes consideran que se trata de un plan para permitir que Torres pueda participar en dicha elección.
También trascendió que se presentará a consideración de los consejeros un cronograma para la elección que, sin la consulta que el Consejo de Estado descartó como legal, no debería durar más de un mes.
Las relaciones políticas que rodean la disputa
En el campus universitario también circula la versión de que detrás de las decisiones existiría un grupo político interesado en conservar influencia sobre la institución.
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En esas versiones aparece el exsenador Alejandro Carlos Chacón, a quien algunos sectores señalan como uno de los dirigentes políticos con influencia sobre dirigentes y miembros relacionados con la Universidad de Pamplona, entre ellos, Ivaldo Torres, Andrea Chacón y Laura Villamizar, esta última rectora encargada.
A los cuestionamientos sobre la composición del Consejo Superior se suma la exigencia de transparencia sobre las decisiones adoptadas en la sesión del 31 de julio.
El debate gira alrededor de la necesidad de conocer el acta completa, el registro de votación y las razones que llevaron a excluir al representante de los exrectores antes de adoptar decisiones sobre la rectoría.
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