Según Pablo César Díaz Barrera, exprocurador judicial y exasesor de la Auditoría General de la República, en Norte de Santander los funcionarios públicos se estarían “lavando las manos” al momento de hacerse responsables de la ejecución de recursos del Estado.

Actualmente, se estaría asumiendo que únicamente los funcionarios fiscales, es decir, lo que firman los contratos son quienes responden en caso de eventuales investigaciones por irregularidades que encuentren los organismos de control.

“Cuando existe una irregularidad los funcionarios públicos se limpian las manos diciendo que ‘el que firma es el que responde’, y no toman en cuenta a los demás funcionarios y contratistas en el proceso de contratación y ejecución de proyectos”, dijo Díaz, en desarrollo I Congreso departamental de responsabilidad de los servidores públicos, que se realizó en la Universidad Francisco de Paula Santander. 

Allí, se enfatizó en la responsabilidad fiscal y el papel de los auditores para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos públicos, y se explicó que todos los funcionarios, entidades privadas y personas particulares deben asumir las consecuencias de las investigaciones, o ser sujetos pasivos en caso de la comisión o hallazgo de un delito, si es el caso.

Díaz recordó un incidente ocurrido con un alcalde que usurpaba el dinero de recursos parafiscales valiéndose de su facultad para realizar trámites con el banco y pasando por encima de los demás funcionarios. 

Este caso llegó al Consejo de Estado, donde finalmente se sancionó tanto al banco como al alcalde, pues se encontró que fueron responsables en el hecho. 

Lo más difícil para la Contraloría, según Díaz, es cuantificar un daño, debido a que cada parte de la organización está relacionada, e insistió en que si hay corrupción, esta incluye a todas las personas involucradas en un proceso contractual.

*Por Karent Buitrago-Practicante de periodismo