Más de mil hectáreas de cobertura vegetal resultaron afectadas por los incendios forestales registrados durante los últimos días en diferentes sectores de la provincia de Ocaña.
La situación mantuvo en alerta a los organismos de socorro y a las autoridades ambientales, quienes activaron el Puesto de Mando Unificado (PMU) para atender la emergencia y mitigar la pérdida de vegetación, así como los efectos sobre las fuentes hídricas, la fauna silvestre, los suelos y la calidad del aire.
Las llamas consumieron extensas zonas de vegetación en sectores rurales como La Cabaña, Las Liscas, Portachuelo, El Cuerno y El Puente, donde las condiciones de sequía y las altas temperaturas han favorecido la rápida propagación del fuego.
En varios puntos, campesinos y organismos de socorro han tenido que intervenir para evitar que las llamas alcancen viviendas, cultivos, potreros y áreas de importancia ambiental.
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La preocupación aumenta debido a que la temporada seca reduce considerablemente la humedad de la vegetación y convierte pastizales, rastrojos y material vegetal acumulado en un combustible de fácil propagación. A esto se suman las dificultades para acceder a algunos puntos afectados, lo que obligó a las brigadas a realizar extensas jornadas de trabajo para controlar los focos calientes, indicó el coordinador de la Oficina de Gestión del Riesgo y Atención de Desastres, Gustavo Adolfo Paba Navarro.
Investigan el origen de las conflagraciones
El secretario de Gobierno de Ocaña, Hugo Eduardo Guerrero, manifestó su preocupación por el impacto ambiental generado por las conflagraciones y anunció acciones para determinar las causas de los incendios y establecer eventuales responsabilidades.
El funcionario convocó a los presidentes de las Juntas de Acción Comunal del sector rural a una reunión para realizar un diagnóstico de las zonas afectadas, recopilar información suministrada por las comunidades y establecer cuáles podrían ser los puntos donde se originaron los incendios.
Una de las hipótesis que manejan las autoridades está relacionada con quemas realizadas para la preparación de terrenos agrícolas o la limpieza de potreros, que pueden salirse de control cuando se efectúan bajo condiciones de sequía y fuertes vientos.
“Ya se tienen algunas pistas. Se investiga si los incendios han sido provocados por malas prácticas agrícolas mediante quemas que terminan saliéndose de control. Se adelantarán las actuaciones correspondientes para establecer responsabilidades”, señaló Guerrero.
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No obstante, será necesario que las autoridades ambientales y los organismos de investigación determinen, mediante las respectivas verificaciones en campo, el origen de cada incendio antes de atribuir responsabilidades individuales.
Daños que van más allá de la vegetación
El impacto de un incendio forestal no termina cuando las llamas son extinguidas. La pérdida de cobertura vegetal deja expuesto el suelo a procesos de erosión y escorrentía, especialmente cuando posteriormente se presentan lluvias intensas.
También existe afectación sobre los hábitats de numerosas especies. La destrucción de arbustos, árboles y zonas de refugio puede provocar el desplazamiento de animales silvestres y, en algunos casos, la muerte de ejemplares que no consiguen escapar de las llamas.
Otro de los efectos está relacionado con la calidad del aire. El humo producido por la combustión de material vegetal contiene partículas y otros contaminantes que pueden afectar temporalmente las condiciones atmosféricas y generar molestias respiratorias, especialmente entre niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.
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La afectación de las fuentes hídricas constituye igualmente uno de los principales motivos de preocupación. La desaparición de la vegetación protectora en las áreas de recarga y alrededor de quebradas puede disminuir la capacidad del suelo para retener agua y favorecer el arrastre de sedimentos hacia los cuerpos de agua.
Piden sanciones para los responsables
El arquitecto Iván Cabrales Angarita pidió a las autoridades fortalecer las acciones de control y aplicar las medidas que correspondan cuando se compruebe que una persona ocasionó deliberadamente un incendio o realizó actividades que provocaron una conflagración.
“Las autoridades deben ser más ágiles en el tratamiento de la justicia ambiental, imponiendo las multas y sanciones correspondientes para que quienes ocasionan estos daños entiendan la gravedad de sus actuaciones y los demás se abstengan de cometerlos”, manifestó.
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La respuesta institucional, sin embargo, no debería limitarse a las sanciones. Las comunidades rurales también requieren campañas permanentes de prevención, educación ambiental y acompañamiento técnico, especialmente durante los periodos de sequía, para reducir las prácticas que puedan desencadenar nuevos incendios.
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