El peaje de Lomitas, en Villa del Rosario, se encuentra en medio de un conflicto legal luego de que el Juzgado Trece Administrativo de Cúcuta inadmitiera la demanda presentada por la Unión Temporal Peajes Nacionales contra el municipio y la Inspección de Policía.

Aunque con anterioridad el juzgado había otorgado una medida cautelar a favor de la Unión Temporal Peajes Nacionales, el pasado 8 de octubre declaró la nulidad de todo lo actuado al encontrar que se había equivocado al admitir la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta por el representante legal de la unión temporal.

Según explicó Miguel Ángel Flórez, veedor ciudadano, esta decisión se tomó porque la ley no faculta a los representantes legales de las uniones temporales o consorcios para presentar este tipo de acciones contenciosas.

De esta manera, el veedor precisó que la medida cautelar queda sin efectos legales, pues la demanda debía haber sido interpuesta por los representantes legales de cada una de las empresas que conforman el consorcio.

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Sin embargo, el juzgado les dio la oportunidad a los representantes legales de cada una de las empresas que conforman el consorcio para que subsanen los errores y acrediten debidamente su representación ante el Juzgado Trece Administrativo.

“Si ellos se acreditan correctamente, iniciará nuevamente el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, que lleva inmerso estudiar nuevamente la medida cautelar solicitada, que buscaba suspender la orden de demolición de la caseta. Actualmente, tienen 10 días para allegar los documentos que demuestren que cada una de sus empresas existe”, indicó Flórez.

Asimismo, el veedor aclaró que el juzgado les solicita estos documentos porque la ley faculta únicamente a los representantes legales de las empresas para interponer esa acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
 
Otra decisión que tomó el juzgado fue negar las solicitudes de intervención como terceros interesados de Miguel Ángel Flórez Rivera y María Isabel Hernández Carrasco.

Sin embargo, Miguel Ángel Flórez aseguró que el juzgado se equivocó al negar el reconocimiento, pues la decisión lo excluyó a él como persona natural, pero no se pronunció sobre su fundación, Veeduría Ciudadana Flórez Opina, la cual cuenta con NIT, personería jurídica y, según afirmó, tiene derecho a ser reconocida como tercero interesado.

Frente a esto último, el veedor afirmó que interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo y está a la espera de una respuesta que le permita participar y abogar en este caso, como lo ha hecho desde hace más de 20 meses.

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La situación en que queda el peaje

El veedor ciudadano informó que, aunque por el momento ya no hay una medida cautelar otorgada a favor de la concesión, la unión temporal puede insistir nuevamente en su solicitud.

También aseguró que, aunque tiene conocimiento de que la Alcaldía de Villa del Rosario ha rechazado las demandas interpuestas por la Unión Temporal Peajes Nacionales y el Invías contra el municipio, hasta el momento no ha ordenado la demolición de la caseta del peaje, incumpliendo así su propia orden de demolerla.

Flórez recordó que, en medio de esta situación, no se puede reactivar el cobro del peaje. Además, enfatizó que sigue vigente la posibilidad de que el alcalde de Villa del Rosario ordene la demolición de la caseta, más aún ahora que el juzgado declaró la nulidad de todo lo actuado y que el propio mandatario ya había tomado esa decisión el 9 de mayo de 2025.

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