El gremio de maestros de Norte de Santander se mostró ayer a la expectativa por los resultados finales que arroje el año de transición programado por el Gobierno nacional a partir del pasado 1 de noviembre, mientras se decide cuál será la nueva figura encargada de administrar el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag).
Según lo expresado a La Opinión por Leonardo Sánchez, presidente de la Asociación de Institutores de Norte de Santander (Asinort), aún es prematuro emitir un juicio sobre la decisión que adoptó el Ministerio de Educación de no prorrogar el contrato de fiducia con Fiduprevisora para la administración del citado fondo.
Existe por delante un periodo de transición que estará vigente durante un año. Mientras tanto, el magisterio aguardará para conocer el desenlace y cuál será el nuevo esquema que pondrá en marcha el Gobierno nacional para la prestación de los servicios de salud a los maestros y sus familiares, dijo Sánchez.
Maestros sindicalizados consultados por La Opinión señalaron que mantendrán una atenta veeduría para evitar que la transición de un año, durante la cual Fiduprevisora continuará operando temporalmente mientras se prepara una nueva licitación pública, afecte la entrega oportuna de medicamentos, los tratamientos médicos en curso ni el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas, como pensiones y cesantías.
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Antes del anuncio de la no prórroga, los docentes habían advertido que venían reclamando ante el Fomag y Fiduprevisora por la inestabilidad en la red de prestadores, los procedimientos quirúrgicos pendientes y las demoras en los pagos a las IPS. Esta situación ha desmejorado la atención en Cúcuta y Norte de Santander.
Por su parte, el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, consideró que la decisión era necesaria para poner fin a lo que calificó como “el festín con los recursos de los maestros”.
El jefe de Estado, al explicar la determinación del Ejecutivo, indicó que “encontramos un fondo con un patrimonio negativo reportado de más de 3,1 billones de pesos”.
Asimismo, manifestó que los hallazgos incluyen “graves deficiencias en la atención médica, retrasos en los pagos y maestros obligados a luchar por servicios de salud que les corresponden por derecho”.
El cambio administrativo tiene implicaciones para más de 800.000 personas, entre docentes y familiares. Para esta población, uno de los principales retos será que la transición no interrumpa los servicios médicos ni los trámites relacionados con sus prestaciones sociales.
¿Qué pasará con la atención en salud de los maestros?
Uno de los principales interrogantes que genera esta decisión está relacionado con la continuidad de los servicios médicos para los docentes afiliados al Fomag y sus familias.
Frente a esto, el Ministerio de Educación aseguró que la transición tendrá como prioridad garantizar la prestación de los servicios de salud, incluidos los tratamientos que ya están en curso y el acceso a medicamentos. Asimismo, se mantendrá el trámite y reconocimiento de las prestaciones económicas, de acuerdo con los procedimientos y términos establecidos.
La entidad precisó que la no renovación del contrato no significa que las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS) puedan interrumpir la atención médica ni que se afecte el reconocimiento y pago de las prestaciones económicas de los maestros.
Para garantizar la operación durante este periodo, el Ministerio de Educación solicitó a Fiduprevisora un plan detallado de actividades que permita asegurar la continuidad de los servicios. También pidió a la Superintendencia Nacional de Salud realizar un seguimiento especial y ejercer vigilancia sobre la atención que reciben los docentes y sus beneficiarios.
Gobierno busca corregir fallas en el sistema
La decisión, según el Gobierno nacional, busca abrir una nueva etapa en la administración del Fomag y revisar las condiciones institucionales, operativas y financieras bajo las cuales funciona el sistema.
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La ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos Castañeda, sostuvo que no es posible prolongar las condiciones que han contribuido a la crisis del modelo y señaló que el Ejecutivo asumirá la responsabilidad de conducir la transición y corregir las fallas documentadas.
Por su parte, la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes, indicó que los docentes no deben asumir las consecuencias de los problemas administrativos y reiteró que la salud y las prestaciones sociales son derechos que deben ser protegidos por el Estado.
Entre tanto, el ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, señaló que los recursos destinados a la atención en salud del magisterio deben manejarse con transparencia, trazabilidad y control, para que se traduzcan en servicios efectivos para los maestros y sus familias.
La transición comenzó este domingo 1 de noviembre y se extenderá inicialmente durante 12 meses, con la posibilidad de una prórroga por un año adicional. Durante ese periodo, el Gobierno deberá garantizar la continuidad de la atención y avanzar en los ajustes necesarios para la administración del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio.
La difícil situación del Fomag
Recientemente, la Procuraduría General de la Nación emitió una alerta en la que advirtió que, para terminar este año, hacían falta cerca de $1,8 billones para financiar el componente de salud del sistema.
Según la entidad, aunque el Consejo Directivo del fondo aprobó un traslado presupuestal de $859.000 millones para fortalecer el componente de salud, quedó un faltante de $1,84 billones para atender la vigencia de 2026.
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La Superintendencia Nacional de Salud también indicó que el Fomag tiene cuentas por pagar que superan los $2,4 billones por concepto de prestación de servicios de salud, insumos y medicamentos.
Según el informe de la entidad, con corte al 30 de junio de 2026, el 51 % del pasivo total, equivalente a $1,24 billones, se encontraba en mora crítica, con obligaciones pendientes de pago por más de 180 días.
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