La atención de los afiliados a Coosalud EPS en Norte de Santander atraviesa una situación que ya desbordó los trámites administrativos y está dejando pacientes a la espera de servicios que, en algunos casos, requieren atención de alta complejidad.
La Defensoría del Pueblo documentó demoras en autorizaciones, consultas y procedimientos especializados, interrupciones de tratamientos, entrega tardía o incompleta de medicamentos y dificultades para concretar los procesos de referencia y contrarreferencia en diferentes municipios del departamento.
El problema adquiere una dimensión mayor en el Hospital Universitario Erasmo Meoz (HUEM), principal centro de referencia de Norte de Santander, donde permanecen pacientes de Coosalud que necesitan ser trasladados a instituciones con mayor capacidad resolutiva.
Entre enero de 2025 y junio de 2026, la Defensoría recibió 450 reclamaciones relacionadas con Coosalud en Norte de Santander, cifra que ubicó al departamento en el tercer lugar del país con mayor número de quejas relacionadas con esta EPS.
Las dificultades afectan especialmente a personas mayores, niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y pacientes con enfermedades crónicas, oncológicas y de alta complejidad.
Pacientes que esperan un traslado
Uno de los puntos críticos está en el HUEM. El hospital atiende pacientes remitidos desde los municipios de Norte de Santander y de la subregión del Catatumbo, además de población migrante, víctimas de minas antipersonal y personas que llegan sin una cobertura efectiva del sistema de salud.
La presión sobre sus servicios se refleja en los niveles de ocupación reportados a la Defensoría: 372 % en Urgencias Adultos y 320 % en Sala de Partos.
En este escenario, con corte al 24 de agosto, el HUEM reportó 16 pacientes afiliados a Coosalud hospitalizados y con referencias activas. Algunos requerían UCI, soporte ventilatorio y hemodiálisis, mientras otros necesitaban procedimientos cardiovasculares, neurológicos o vasculares.
El problema, según la información entregada por el hospital, no consiste en una negativa del HUEM a atender a los pacientes. La dificultad está en lograr que las referencias sean aceptadas y que los enfermos puedan ser trasladados a instituciones que dispongan del servicio requerido y tengan capacidad para recibirlos.
La Defensoría insiste en un punto que resulta determinante: tener una autorización registrada en un sistema no equivale a que el paciente haya recibido el servicio.
Una referencia puede aparecer formalmente autorizada, pero mientras no exista una institución receptora, una cama disponible y un traslado efectivo, el paciente continúa esperando.
Cinco pacientes murieron durante las demoras
La situación adquiere mayor gravedad por los casos de pacientes que fallecieron mientras enfrentaban dificultades relacionadas con la atención.
La Defensoría informó que tiene conocimiento de cinco personas fallecidas, tres mujeres y dos hombres, cuyos casos deberán ser verificados por las autoridades competentes.
El organismo anunció que hará seguimiento defensorial a estas situaciones para establecer qué ocurrió con cada paciente y determinar si las demoras denunciadas tuvieron alguna incidencia en su atención.
La advertencia cobra especial importancia frente a pacientes que requieren tratamientos continuos o servicios que no admiten interrupciones, como quienes necesitan cuidado intensivo, diálisis, ventilación mecánica o procedimientos cardiovasculares y neurológicos.
El problema va más allá de una autorización
Para la Defensoría, la situación revela una diferencia entre el trámite administrativo y la atención efectiva.
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Una autorización no resuelve por sí misma la necesidad de un paciente. Tampoco garantiza que exista un prestador disponible para ejecutar el procedimiento, entregar el medicamento o recibir a una persona que necesita ser trasladada a un nivel superior de complejidad.
Por esa razón, el organismo pidió revisar la capacidad real de la red prestadora de Coosalud en Norte de Santander y establecer si cuenta con una oferta suficiente y estable para responder a las necesidades de sus afiliados.
La preocupación se concentra especialmente en los usuarios que requieren atención de alta complejidad, debido a que cualquier prolongación de los tiempos de espera puede agravar su condición.
Reclamos a Coosalud y a la Superintendencia
Durante los últimos tres meses, la Defensoría ha enviado comunicaciones al agente especial interventor de Coosalud y a la Superintendencia Nacional de Salud para solicitar medidas frente a las barreras identificadas.
A la Superintendencia le pidió ejercer sus funciones de inspección, vigilancia y control, verificar la suficiencia y capacidad resolutiva de la red de prestadores de la EPS y hacer seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones con los afiliados.
El organismo de control también planteó la necesidad de abandonar una respuesta basada únicamente en trámites y concentrarse en el resultado final: que el paciente reciba oportunamente el servicio que necesita.
Una mesa para revisar paciente por paciente
Ante la persistencia de los problemas, la Defensoría propuso una mesa interinstitucional virtual dentro de la estrategia Diálogos para la Protección Inmediata del Derecho a la Salud (DIPSA).
La propuesta contempla la participación del Ministerio de Salud, la Superintendencia Nacional de Salud, la Procuraduría, personerías, secretarías de Salud, autoridades territoriales, Coosalud y Nueva EPS.
La intención es revisar los casos individualmente, establecer responsabilidades y definir soluciones concretas para quienes permanecen a la espera de procedimientos, medicamentos, atención especializada o traslados.
La Defensoría pidió que, para cada paciente con una referencia pendiente, se informe con precisión cuál es la institución receptora, en qué estado se encuentra la solicitud, cuándo está previsto el traslado y cuál será la solución efectiva.
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También solicitó eliminar las barreras administrativas que estén retrasando autorizaciones, medicamentos y procedimientos, así como priorizar a los pacientes que requieren UCI, hemodiálisis, soporte ventilatorio y tratamientos cardiovasculares, neurológicos y vasculares.
El llamado de fondo es que la atención no puede considerarse resuelta mientras el paciente continúe esperando una cama, un traslado, un medicamento o un procedimiento que ya fue autorizado.
En Norte de Santander, esa diferencia entre lo que aparece registrado en un sistema y lo que finalmente recibe el usuario se ha convertido en el principal motivo de preocupación para los organismos que vigilan el derecho a la salud.
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