Desde septiembre de este año comenzaría la identificación de daños y afectaciones territoriales en jurisdicción del resguardo motilón barí por causa de la guerra, con el fin de avanzar en el proceso de reparación colectiva de la comunidad.

Así lo dio a conocer el director territorial de la Unidad para la Atención y Reparación a las víctimas (Uariv), Luis Saniel Peñaranda, quien indicó que con este proceso, que comenzó en julio de 2014, se prevé que la meta de implementación culminaría en el año 2020.

Surtida la fase de registro, el año anterior, llega la fase de alistamiento con jornadas de asistencia al grupo de apoyo encargado del territorio, el cual está conformado por 46 personas.

“Esperamos que en el 2017 se termine la fase de caracterización del daño, en la que se incluyen aspectos como la instalación de la consulta previa”, explicó. “Ahí se concertarán la metodología, los recursos, participantes y los tiempos de ejecución”.

En este proceso participarán el ministerio del Interior, la Uariv, y delegados del ministerio público para que, al final se tenga un documento en el que se especifiquen qué tipo de afectaciones y violaciones de derechos han sufrido los barí en el territorio sagrado.

Hasta el momento, han declarado 12 núcleos familiares que suman 60 personas con casos documentados, y 150 personas en valoración.

“Hay que resaltar que, en este caso, fue la institución la que se acercó a la comunidad para construir un plan que sale de la comunidad”, dijo Peñaranda. 

En el resguardo Catalaura-La Gabarra, la comunidad lleva a cabo otro proceso, por demanda, lo cual implica un desarrollo distinto de la reparación.

La Opinión