Habitantes de la zona del Catatumbo viven con el credo en la boca ante las oleadas de violencia de los últimos años y quedan en medio del conflicto entre los grupos que operan al margen de la ley.

Lo más preocupante es que no se vislumbra una alternativa, pues los grupos armados y el actual Gobierno no expresan voluntad de retomar los diálogos y alcanzar acuerdos para detener los enfrentamientos, situación que afecta a la población civil. Así lo señala la coordinadora de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, quien propone una salida negociada.

El temor se ha apoderado de los municipios de Tibú, El Tarra y ahora Sardinata, debido a las disputas por el control territorial y de los cultivos de uso ilícito. Según líderes sociales, se registra un desplazamiento gota a gota hacia la capital del departamento.

Incluso, muchas familias se trasladan de unas veredas a otras para refugiarse y evitar quedar en medio del fuego cruzado o sufrir las consecuencias del uso indiscriminado de drones, sin que se midan sus efectos sobre la población civil.

“La escalada con estos artefactos no tripulados es una nueva dinámica de confrontación armada traída por extranjeros para apoyar esa guerra sin sentido”, precisa Trigos.

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El defensor de derechos humanos Edward Álvarez Bacca asegura que, mientras no existan controles para el ingreso de esos aparatos, el conflicto armado seguirá vigente. “A los campamentos guerrilleros llega Temu y el Ejército no”, expresó irónicamente, en alusión a la llegada masiva de estos dispositivos.

Bajo fuego cruzado

Por aire y por tierra, el peligro en la región del Catatumbo ya no es una probabilidad, sino una amenaza constante, señalan líderes sociales.

El personero de Ocaña, Andrés Fabricio Torrado Amaya, manifestó su preocupación por el uso de drones con fines violentos en el territorio, especialmente por las consecuencias para la población civil.

“Durante 2026 hemos conocido múltiples desplazamientos en sectores rurales, una situación que no puede convertirse en algo normal ni aceptable para nuestras comunidades. Quiero hacer un llamado directo a los grupos armados: la población civil no puede seguir pagando las consecuencias de una confrontación que no le pertenece. El uso de drones para atacar, intimidar o generar terror en las comunidades representa una grave amenaza para la vida y la integridad de las personas, y puede constituir una vulneración grave de los derechos humanos y, según las circunstancias, del derecho internacional humanitario”, afirmó.

Torrado Amaya señaló que ninguna disputa territorial justifica que una familia tenga que abandonar su casa, que los niños dejen de estudiar o que los campesinos vivan con miedo.

“Necesitamos respuestas concretas del Estado. Es indispensable fortalecer la presencia institucional en las zonas rurales, mejorar los mecanismos de alerta temprana, garantizar rutas seguras de evacuación y atención humanitaria, y asegurar que las familias desplazadas reciban acompañamiento, protección y soluciones para regresar a sus hogares en condiciones de seguridad y dignidad”, agregó.

Aunque en Ocaña ha disminuido la presencia de población desplazada en los últimos meses, la confrontación armada en el Catatumbo sigue siendo motivo de preocupación, debido a que el municipio recibe a personas que huyen de la violencia.

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“Hacemos un llamado al Gobierno nacional, a la Gobernación, a la Alcaldía y a la Fuerza Pública para que trabajen de manera coordinada, con medidas efectivas de prevención y protección. La provincia, la subregión del Catatumbo y sus comunidades rurales necesitan atención permanente, no solamente cuando ocurre una emergencia. Desde la Personería seguiremos acompañando a las comunidades y defendiendo sus derechos. La vida de los campesinos no puede quedar en medio de la guerra, y el desplazamiento forzado no puede convertirse en el destino de quienes solo quieren vivir y trabajar en su territorio”, puntualizó.

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