Por medio de un comunicado, el procurador Alejandro Ordóñez solicitó tener en cuenta tres puntos claves al ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas y al Jefe de la Delegación del Gobierno Nacional, Frank Pearl, sobre la mesa de conversaciones con el Eln.

En el documento, como primer punto, expresa que se debe disponer de todos los recursos de la fuerza pública para desarticular el grupo guerrillero, el cual representa una amenaza contra la seguridad de los nortesantandereandos.

En segunda instancia, el órgano de control ve de manera indispensable atacar todas las fuentes de financiación que recibe el Eln  relacionadas con el narcotráfico y la expansión de cultivos ilícitos.

Como último punto se estipula que se debe elaborar y ejecutar una estrategia que involucre a las autoridades departamentales y municipales, a las diferentes entidades del Gobierno Nacional, a la rama judicial y a los organismos de control, a fin de que garanticen en los territorios una presencia estatal articulada y eficaz y la prestación de los servicios sociales.

En el comunicado se hace referencia a los hechos ocurridos en Norte de Santander, según Alejandro Ordóñez, “días después de que se anunciara la fase pública de las negociaciones con el Eln”.

Los asesinatos de los dos policías por francotiradores del Eln, el atentado contra el alcalde del municipio del Carmen de Tonchalá, la hostigación con cilindros y tatucos a la base militar del Ejército, entre El Tarra y Tibú, los más de 20 incendios que han afectado a más de 2.000 hectáreas en la zona del Catatumbo, entre otros hechos que han puesto en riesgo la seguridad de las personas, fueron mencionados por Ordóñez.

Además, se cree que las Bacrim, estarían buscando notoriedad por medio de acciones criminales con el fin de lograr lo mismo que el Eln, una negociación de paz con el Gobierno Nacional, lo que para el procurador “aumenta el nivel de riesgo para los ciudadanos en Norte de Santander”.

Según lo dicho en el comunicado, el Ministerio Público dispuso realizar un seguimiento de la situación de la seguridad en el departamento con fines a garantizar los derechos de los habitantes.

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