El liderazgo para mejorar la convivencia en sus comunidades, las críticas sobre la guerra o el empoderamiento de grupos ilegales sobre ciertas zonas, son las excusas para que los criminales conviertan a los personeros y ediles de la región en sus objetivos.

Así lo confirman las quejas de estos voceros de la ciudadanía que, a diario, ven amenazada su representatividad y, sobre todo, el bienestar de sus vecinos con diversas formas de amenaza.

En Cúcuta, por ejemplo, uno de los líderes del barrio El Contento fue perseguido hace 15 días “solamente por hacer una reunión sobre la seguridad en el barrio”.

El hombre, cuya identidad pidió mantener en reserva, salió de su casa a despedirse de quienes habían participado del encuentro, en el que también estuvieron policías que custodian el sector.

“Cuando salí a despedir a una muchacha, una moto con parrillero se me acercó y me dijo que era un sapo”, relató. “Que si seguía con la Policía, me iban a tirotear”.

Quince minutos después, dijo, recibió una llamada de una de las lideresas de la zona.

“Le quitaron el bolso y quedó tirada en un andén, raspada y estropeada”, agregó. “Era una moto socialista”.

Enseguida fueron a poner el denuncio creyendo que se trataba de un robo, pero no fue así.

Al día siguiente, dos hombres llegaron a casa de la vocera comunal y le dijeron que dejara de buscar su bolso, y a quienes se lo habían llevado, porque no se trataba de un hurto, “sino de un aviso”.

Aún así, los líderes insisten en pedir que se investigue lo ocurrido.

“Nosotros no hacemos más que trabajar por la comunidad, por tener buenas vías y que los barrios mejoren; no nos metemos con nadie”, afirmaron.

Pero este no es el único caso, porque en la zona rural también hay intimidaciones.

*Martha tuvo que salir de Buena Esperanza por amenazas contra su vida, y aunque las condiciones de su desplazamiento fueron distintas, espera poder regresar a ocupar su cargo. 

“Todavía tengo proyectos y mi credencial...”, afirma con ilusión. “Hay unas iniciativas que están en marcha, como el parque biosaludable, la cubierta del polideportivo, y la pavimentación”.

Ahora espera un auxilio, o protección, de la alcaldía de Cúcuta mientras retorna desde Santander.

Allí encontró un albergue, del cual debe salir  mañana porque ya cumplió dos meses de ayuda humanitaria.

En Catatumbo

En esta región, cuatro personeros reciben intimidaciones por grupos al margen de la ley.

Con mensajes de texto y llamadas telefónicas son amenazados para que suspendan sus actividades en la región, pero afirman que no darán el brazo a torcer.

Las víctimas son los personeros de San Calixto, José Luis Franco; Inés Rosalía Bustos, de El Carmen; Evert Pallares, de Teorama y el personero de Hacarí, Diógenes Quintero. 

La situación ya es de conocimiento del ministerio público para que dé seguridad a los funcionarios.

Los personeros saben que su labor es arriesgada, y recuerdan el homicidio de José Estanislao Amaya Páez, personero de San Calixto, durante un hostigamiento.

Amaya fue herido cuando cuando arreglaba un árbol en navidad.

 Quintero asegura que en sus dos periodos en este ejercicio las amenazas  no han cesado, pero sigue firme y fue rechazó enfáticamente que la población civil quede en medio de las balas. 

“No podemos callar”, dijo. “Hay una situación delicada que los habitantes no soportan más, porque los enfrentamientos en el Catatumbo siempre han ocurrido cerca a los civiles y ese es un riesgo insuperable para ellos”.

Desplazamiento interno

Además de las condiciones de riesgo para los líderes y representantes de la comunidad, el desplazamiento interveredal e interbarrial es constante, particularmente en Catatumbo.

En Teorama, el personero Evert Pallares, indicó que hasta el momento van 16 familias desplazadas del barrio ubicado cerca a la estación de policía municipal.

“Ellos han manifestado miedo, temor ante un ataque, y eso solo genera zozobra e incertidumbre”, manifestó.

La Unidad para la Atención y Reparación de las Víctimas ya conoce los casos, y según Pallares, el ente territorial está comprometido para salvaguardar la vida de los desplazados.

En Hacarí la situación es similar, y también   hay inquietud entre quienes conviven cerca a la sede de la Policía, quienes han creado un desplazamiento atípico, nocturno, para no pasar la noche en inmediaciones de un blanco de ataque.

Para el personero local, “es muy difícil una reubicación de las estaciones de policía por la situación de riesgo en todos los municipios de Catatumbo”.

Si en el casco urbano hay crisis, el sector rural no se salva. 

Habitantes de la vereda Llana Baja, en Teorama,  denunciaron la presencia de la fuerza pública muy cerca a la escuela, lo que representa un grave riesgo.

Aunque no están dentro de la escuela, el miedo deja 55 niños que abandonaron las clases, ya que los padres piensan que en cualquier momento ocurrirá una tragedia.

La Opinión