Cerca de 220 mil hectáreas, en las que habitan unos 7 mil indios u’wa, serían protegidas tras la solicitud de medidas cautelares sobre este territorio por parte de la Unidad de Restitución de Tierras (URT), territorial Norte de Santander.

Este hecho, según la entidad, no tiene precedentes para el amparo de los derechos de una comunidad cuyo territorio abarca pequeñas zonas de Norte de Santander, Santander, Boyacá y Arauca.

Según Edward Álvarez, director territorial de la Unidad, el objetivo de las medidas cautelares es proteger a los u’wa de los fenómenos que ponen en peligro su identidad.

Entre ellos están la tala indiscriminada de bosques sagrados, la colonización no autorizada, la explotación de recursos naturales y el paso de grupos armados.

“Estos fenómenos constituyen una afectación de la territorialidad y la medida busca proteger dicha territorialidad”, señaló el funcionario.

Álvarez agregó que otro de los aspectos primordiales en el proceso, será la demarcación del territorio.

Según explicó, los límites del resguardo serían dados por deslinde y amojonamiento, e incluiría la ubicación de vallas y otros mecanismos que exhiban hasta dónde va el territorio ancestral.

Tras la entrega de la solicitud se espera que el despacho judicial ordene a las autoridades competentes la adopción de medidas oportunas y eficaces que protejan el territorio.

“Al juez le corresponderá dar las órdenes directas a las instituciones, como  las alcaldías, las corporaciones autónomas,  incluso a las estaciones de policía, para que actúen inmediatamente en la protección de los u’wa”, agregó el director.

Igualmente enfatizó en que las decisiones del juez serán de obligatorio cumplimiento y no dependerán de voluntad política alguna.

“Es un mandato judicial el que está en curso”, dijo.

La medida cautelar es resultado del acompañamiento al resguardo, el cual se inició en 2014 con la socialización del Decreto Ley 4633 del 2011 y la identificación de las afectaciones territoriales sufridas por la comunidad.

“Tras el acercamiento, la comunidad fue adquiriendo un conocimiento que le permitió reconocer las posibilidades de protección”, comentó Álvarez. “Los indígenas, ya informados, se dieron cuenta de la oportunidad que tenían de salvaguardar su tierra y fue entonces que se emprendió esta labor” . 

Aunque esta solicitud no incluye pretensiones como la ampliación del resguardo, dado que esta determinación es competencia del Incoder, sí constituye el primer paso de reconocimiento y reivindicación de los derechos de 17 comunidades que actualmente lo conforman. 

*La Opinión