Las víctimas del departamento continúan exigiendo derechos básicos y respuestas ante las necesidades de vivienda, educación y legalización de tierras, especialmente en Catatumbo.

Así lo dio a conocer Edinsson Delgado, integrante de la Mesa departamental de víctimas y delegado ante la Mesa nacional, quien señaló que para el caso de Norte de Santander la posibilidad de tener un hogar, o un terreno sigue siendo lejana.

Según expresó, actualmente, la mayoría de víctimas se localiza en Catatumbo, región amparada por la ley segunda, es decir, en zona de reserva forestal.

Así las cosas, “no podemos acceder a la política pública de vivienda, y del Catatumbo solo puede hacerlo Ocaña, pero sus problemas administrativos lo impiden”, dijo.

Agregó que hace falta una política pública de vivienda y la realización de una mesa con el ministerio de Vivienda, para que se explique ampliamente cuáles son los derechos, obligaciones y requisitos de las víctimas para acceder a un hogar.

En este sentido, el saliente secretario departamental de Vivienda, Juan Carlos Uribe, explicó que las políticas de vivienda no son excluyentes ni para las víctimas ni para otros pobladores.

Indicó que el departamento tiene una meta de 3 mil viviendas, del plan de posconflicto, en manos del Gobierno Nacional.

Eduación y tierra

Otro de los aspectos abordados por el líder de víctimas es el acceso a tierras, debido a que aún hay dudas por los procesos que asumió la Agencia Nacional de Tierras.

“Aún no vemos resultados ni revisiones sobre las demandas de restitución de tierras y se ha visto que los jueces fallan en favor de segundos y terceros ocupantes, antes que por los primeros poseedores de la tierra”, comentó.

Por ello, solicitó a la Agencia que se haga una sesión plenaria con las víctimas, con miras a explicar cómo funciona la Agencia en el departamento, y cómo se está implementando en la región el acuerdo de La Habana.

En materia de educación, señaló que la expectativa es que el Sena y las universidades lleguen a los territorios para abordar los acuerdos y cumplir con la educación para las víctimas.

Así mismo, afirmó que varias víctimas “se han dado cuenta de que únicamente se implementa la educación para los desmovilizados, pero las víctimas no están priorizadas, y debe haber equilibrio para todos”.

“Nos llevan a Ocaña o Tibú, a cursos de 40 y 60 horas que no resuelven la necesidad”, criticó. “La idea es que lleguen con carreras profesionales para que los jóvenes dejen de ingresar a grupos armados y tengan cómo acceder a un empleo”.

Si bien reconoció que la propuesta de la Universidad del Catatumbo, liderada por la Gobernación, es un aliciente para los jóvenes, espera que también las víctimas adultas y aquellas que no culminaron sus estudios también tengan acceso.

En este sentido, el temor es que únicamente los bachilleres podrán capacitarse, mientras los padres y abuelos siguen, inevitablemente, en el negocio cocalero.