Nuevo capítulo judicial para Álvaro Uribe Vélez a tres días de elecciones presidenciales. Una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia abrió investigación formal y llamó a indagatoria al expresidente por los delitos de homicidio agravado en persona protegida y concierto para delinquir agravado.

La decisión, adoptada este miércoles, es en el marco de las investigaciones por las masacres de La Granja, en Ituango, Antioquia, cometida por las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU) el 11 de junio de 1996; y la de El Aro, entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de 1997.

Además, el excongresista también deberá dar explicaciones judiciales sobre el asesinato del líder de derechos humanos Jesús María Valle, crimen ocurrido el 27 de febrero de 1998.

El abogado y defensor de derechos humanos fue asesinado con arma de fuego alrededor de las 2:30 p. m. por sicarios que ingresaron a su despacho en el Edificio Colón, en el centro de Medellín.

Las investigaciones también incluyen el papel de la hacienda Guacharacas, antigua propiedad de la familia Uribe Vélez, mencionada en distintos procesos relacionados con el surgimiento de estructuras paramilitares como el Bloque Metro.

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La noticia fue confirmada por el propio expresidente a través de su cuenta en X. “De mis abogados: la Fiscalía Tercera nos acaba de notificar hace un rato que me llama a indagatoria por los temas de El Aro, La Granja, Jesús María Valle y Guacharacas”, escribió.

Minutos después, Uribe reaccionó al anuncio con una frase cargada de crítica hacia el momento político en que se produce la decisión: “A enfrentar este suplicio a pocas horas de elecciones”.

El abogado Miguel Ángel del Río, a través de su cuenta en X, también reaccionó al llamado de la Fiscalía a indagatoria por parte del expresidente Uribe.

”Como representación de víctimas recibimos con satisfacción el llamado a Indagatoria que hace la fiscalía al señor Álvaro Uribe por los graves hechos de la masacre del aro, la granja y el asesinato de Jesús María Valle (sic)”, afirmó el jurista.

Tras conocerse la noticia, el presidente Gustavo Petro también reaccionó en su cuenta de X, donde le insistió a Uribe que fueran los dos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) a contar “verdad para Colombia”.

“Hermano Uribe, le dije alguna vez que fuéramos los dos a la JEP y se ahorraba usted el suplicio y Colombia ganaba con la verdad. Está a punto de caer Colombia en algo que usted mismo no quisiera, porque conoce a la persona que ahora apoya, son públicos sus trinos sobre esa persona, pero independientemente de la estafa, puede usted cubrirse con la verdad y ayudar al pueblo con la paz”, afirmó Petro.

En otra parte del mensaje, le dijo: “Ya será decisión libre del pueblo, pero aún se puede hacer cosas por el mejor estar del pueblo de Colombia y por la paz. Vayamos a la Justicia Especial para la Paz y declaremos y aportemos al futuro de Colombia”.

Hay que recordar que los presidentes y expresidentes sí pueden comparecer ante la JEP, pero no de manera obligatoria para ser juzgados por ese tribunal nacido del acuerdo de paz con las Farc en 2016, pues los exmandatarios y mandatarios en ejercicio tienen un fuero constitucional y no hacen parte de su competencia investigativa directa.

Los señalamientos en la finca Guacharacas

La reciente decisión de la Fiscalía de llamar a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe Vélez unifica, por primera vez bajo un mismo hilo conductor, cuatro de los episodios más oscuros del conflicto armado en Antioquia: la presunta conformación del Bloque Metro en la hacienda Guacharacas, las masacres de La Granja y El Aro en Ituango, y el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle.

Estos expedientes, que durante años transitaron por caminos procesales separados, hoy configuran la columna vertebral de la investigación que busca esclarecer si existió participación, conocimiento u omisión por parte de Uribe durante su época como Gobernador de Antioquia entre 1995 y 1997.

El punto cero de esta narrativa judicial se ubica en el nordeste antioqueño, específicamente en la hacienda Guacharacas, ubicada en el municipio de San Roque.

La propiedad, que perteneció a la familia Uribe Vélez, fue escenario de una tragedia personal que marcaría la vida del expresidente: el 14 de junio de 1983, una incursión de la guerrilla culminó con el asesinato de su padre, Alberto Uribe Sierra. La familia del expresidente responsabilizó a las Farc.

De acuerdo con reportes periodísticos y fallos judiciales, Guacharacas no fue solo el escenario de un crimen, sino el presunto epicentro de una retaliación que escaló a nivel regional.

Diversos testimonios rendidos ante la justicia por excomandantes paramilitares —entre ellos Pablo Hernán Sierra, alias ‘Alberto Guerrero’, y Juan Guillermo Monsalve, hijo del antiguo administrador de la hacienda— apuntan a que en los terrenos de esta finca se habría financiado y gestado la creación del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

Álvaro Uribe ha rechazado de manera tajante y sostenida estas acusaciones a lo largo de los años. Su defensa argumenta que la familia abandonó la región y vendió la propiedad tras el asesinato de su padre, desvinculándose por completo del predio mucho antes de que operara el Bloque Metro o cualquier otra estructura paramilitar en el área.

Las masacres de Ituango

El expediente se desplaza luego al norte de Antioquia, al municipio de Ituango, uno de los territorios más castigados por la expansión de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU).

Durante los años 1996 y 1997, mientras Uribe ocupaba el primer cargo del departamento como Gobernador, se perpetraron dos incursiones paramilitares que dejaron decenas de muertos y miles de desplazados.

El núcleo de la investigación sobre la masacre de La Granja (11 de junio de 1996) y la matanza de El Aro (22 al 31 de octubre de 1997) no se centra en una orden directa, sino en la supuesta responsabilidad por omisión.

Sentencias del Tribunal Superior de Antioquia han solicitado a las altas cortes investigar si existió una inactividad deliberada por parte de la Gobernación y de la Fuerza Pública para facilitar los hechos que rodearon estas masacres cometidas por paramilitares.

La hipótesis judicial plantea que las autoridades omitieron su deber constitucional de proteger a la población civil, pese a que la inminencia de los ataques había sido alertada mediante múltiples canales oficiales y civiles.

Uno de los episodios más debatidos en el expediente de 1997 es la presencia de una aeronave durante la barbarie.

Sobrevivientes de la toma y exjefes paramilitares como Salvatore Mancuso han testificado que, supuestamente, mientras el corregimiento ardía y la población era torturada, un helicóptero amarillo perteneciente a la Gobernación de Antioquia sobrevoló el área.

La postura de la defensa del expresidente Uribe ha sido enfático en explicar los límites de su cargo en aquella época. Sostiene que los gobernadores no tenían mando operativo, capacidad de movilización de tropas, ni rango constitucional sobre las Fuerzas Militares para ordenar despliegues de contención.

En cuanto al helicóptero amarillo, el expresidente ha certificado que las aeronaves adscritas a la Gobernación cumplían protocolos estrictos y solo se desplazaban para misiones oficiales comprobables o labores de rescate institucional.

Caso Jesús María Valle

El eslabón que conecta la violencia paramilitar en Ituango con el corazón de Medellín tiene nombre propio: Jesús María Valle Jaramillo.

Este abogado penalista, oriundo de Ituango y férreo defensor de los derechos humanos, se convirtió en la voz más incómoda para las autoridades civiles y militares de la época.

Antes de que el terror paramilitar se materializara en las masacres, Valle protagonizó un intenso periplo burocrático para evitar la tragedia.

Se reunió en varias ocasiones tanto con el gobernador Uribe como con el entonces comandante de la Cuarta Brigada del Ejército. Les pedía protección para los campesinos y denunciaba públicamente una abierta connivencia entre sectores del Ejército y las estructuras paramilitares que operaban a sus anchas en el Norte de Antioquia.

La omisión de las autoridades y la posterior ocurrencia de las masacres validaron los peores temores del abogado, quien decidió elevar el tono de sus denuncias.

Lejos de encontrar respaldo, la reacción de la administración departamental fue interponer una denuncia penal por injuria y calumnia en su contra, un movimiento jurídico diseñado para obligar a Valle a aportar pruebas irrefutables de la supuesta alianza entre militares y paramilitares.

El desenlace ocurrió el 27 de febrero de 1998, apenas dos meses después de que Álvaro Uribe entregara su mandato en la Gobernación.

Alrededor de las 2:30 de la tarde, sicarios fuertemente armados adscritos a la temida banda “La Terraza” —actuando bajo las órdenes directas del máximo jefe paramilitar Carlos Castaño— irrumpieron en el despacho de Valle ubicado en el Edificio Colón, en el centro de Medellín, y lo asesinaron con arma de fuego.

Para la justicia transicional y penal, el objetivo central de su asesinato fue silenciar definitivamente sus investigaciones y denuncias sobre lo que realmente ocurrió en La Granja y El Aro.

Tomado de El Colombiano.

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