El Gobierno nacional denunció una serie de intimidaciones contra el director del Dapre, el antioqueño Carlos Ríos. A finales de octubre, el alto funcionario dijo en el Senado que llevaría ante las autoridades el caso de 48 mujeres que supuestamente habrían sido vinculadas mediante órdenes de prestación de servicios a la Presidencia durante el Gobierno Petro. Estas, según dijo, habrían sido “instrumentalizadas”.
Según expuso en ese momento, esos contratos “habrían servido para que estas mujeres estuvieran con el expresidente Gustavo Petro”. Ríos agregó que “varias de ellas han hablado” y que la denuncia la presentaría él.
Luego, la Fiscalía abrió un oficio de indagación preliminar y, según dice el comunicado de Presidencia, citaría a declarar a Ríos y a las exdirectoras del Dapre, Laura Sarabia y Angie Rodríguez. También ordenaría inspecciones en la entidad para revisar los contratos.
Según dijo Presidencia, pocos días después de la denuncia pública de Ríos en el Congreso, tres personas fueron encontradas dentro de su casa, “en las instalaciones internas de su lugar de residencia”. El documento detalla que fueron identificadas y puestas a disposición de las autoridades competentes.
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Se trata, de acuerdo con el documento, de personas con antecedentes como homicidio y hurtos agravados. Y no sería el único episodio. Cerca del establecimiento educativo donde estudian los hijos de Ríos fue vista otra persona que se retiró cuando llegó la Policía. Sin embargo, no quedó a disposición de las autoridades y se trabaja para identificarla, según el comunicado.
Ante esto, el Gobierno expresó “toda su solidaridad” con Ríos y su familia y exigió que las autoridades esclarezcan “con celeridad” los hechos y establezcan si guardan alguna relación con las denuncias de Ríos. Finalmente, el Gobierno aseguró que garantizará las medidas de protección que sean necesarias para mantener la integridad del director del Dapre y su familia, y reiteró su respaldo a la Fiscalía “para que la investigación avance sin presiones ni intimidaciones”.
Renunció el abogado de Deicy Jiménez, testigo clave de los “sexocontratos”
Esta información se conoce después de que Deicy Jiménez, quien destapó el escándalo de los “sexocontratos”, se quedara sin abogado.
Sus denuncias apuntan a una supuesta red en la que mujeres habrían recibido contratos estatales después de sostener encuentros íntimos con el entonces presidente Petro. La mujer aseguró que entre 30 y 40 personas podrían haber estado involucradas en situaciones similares.
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Una vez se conocieron las denuncias a finales del mes pasado, el ministro de Justicia, Iván Cancino, y la Unidad Nacional de Protección (UNP) activaron la ruta de protección para Jiménez. En un comunicado conjunto, ambas entidades dijeron que adelantarán las actuaciones necesarias para salvaguardar su vida.
Sin embargo, este martes, su abogado Felipe Caballero renunció a su defensa; según se conoció, por motivos de seguridad. Por eso, la mujer no declaró este martes ante la Fiscalía.
Caballero había asumido su defensa días antes de que ella compareciera ante la Sala de Instrucción del alto tribunal, el pasado 29 de octubre. En esa diligencia, que se extendió por cerca de tres horas y media, la mujer ratificó sus señalamientos y se comprometió a entregar su teléfono celular para que la Policía Judicial examinara la información que contendría elementos de prueba.
Además, persisten las preocupaciones por la seguridad de la mujer y su entorno familiar. En días atrás, el penalista había advertido sobre presuntos hostigamientos contra sus familiares y una campaña que al parecer buscaba afectar su credibilidad.
Tomado de El Colombiano.
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