Un juez administrativo de Villavicencio ordenó detener un giro de cerca de 30.000 millones de pesos, que se iba a entregar a manera de anticipo para la construcción del malecón turístico de Cabuyaro, Meta.

La decisión fue tomada con base en una acción popular presentada por la Procuraduría General de la Nación, debido a que la obra y su interventoría, financiadas con dineros de regalías, se habrían contratado de manera directa sin licitación.

La entidad consideró que había un riesgo inminente de que fueran vulnerados los derechos colectivos de moralidad administrativa y patrimonio público.

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De no haberse impuesto la medida cautelar, la empresa contratante de la obra, Asomunicipios E.A.T. hubiera trasladado la suma que iba a ser utilizada para celebrar otros negocios jurídicos con terceros de buena fe, a quienes no se les podría exigir el reintegro.

El Juez Primero Administrativo Oral de Villavicencio ordenó a Asomunicipios E.A.T. abstenerse de trasladar a los contratistas los recursos pactados a título de anticipo, y en el caso de que ya los hubiese girado, exhortó a los destinatarios, Daca Ingeniería y JC Arquitectos, a abstenerse de comprometer y utilizar los dineros girados, hasta que se resuelva de fondo la acción popular o se revoque la medida cautelar.

El presupuesto total de la obra es superior a a los 59.000 millones de pesos.

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