La senadora Martha Peralta Epiayú quedó en libertad este lunes 22 de junio luego de comparecer ante la Corte Suprema de Justicia dentro de la investigación que adelanta ese alto tribunal por su presunta vinculación con el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd).
La decisión se produjo una vez concluyó la diligencia de indagatoria ante la Sala de Instrucción, que ahora deberá analizar el material probatorio y definir la situación jurídica de la congresista.
Peralta permanecía detenida desde el pasado 18 de junio por orden de la magistrada Cristina Lombana. La medida fue adoptada después de que la legisladora solicitara el aplazamiento de dos citaciones previas programadas por la Corte.
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Con el propósito de garantizar su presencia en la continuación de la diligencia judicial, el alto tribunal dispuso que permaneciera privada de la libertad en su lugar de residencia hasta que finalizara la indagatoria.
Investigación por presunto direccionamiento de contratos en La Guajira
La congresista es investigada por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y cohecho impropio. Las pesquisas se centran en supuestas actuaciones relacionadas con el direccionamiento de contratos en el departamento de La Guajira.
Dentro del expediente figuran testimonios entregados por el exdirector de la Ungrd, Olmedo López, y por el exsubdirector para el Manejo de Desastres, Sneyder Pinilla, quienes han aportado información a las autoridades sobre presuntas irregularidades en la entidad.
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Según las investigaciones, Peralta habría intervenido para favorecer procesos contractuales asociados a maquinaria amarilla y obras de recuperación en Riohacha. Entre los contratos bajo revisión se encuentra uno que superaría los 2.100 millones de pesos.
De acuerdo con los señalamientos conocidos por las autoridades, esos recursos habrían tenido relación con la obtención de respaldos políticos para iniciativas impulsadas por el Gobierno Nacional en el Congreso, incluida la reforma pensional.
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La senadora ha rechazado las acusaciones y sostiene que el proceso tendría motivaciones políticas vinculadas a su apoyo a las reformas promovidas por el Ejecutivo.
El caso hace parte del escándalo de la Ungrd, que salió a la luz en febrero de 2024 tras detectarse presuntas irregularidades en la adquisición de 40 camiones cisterna destinados al suministro de agua potable en zonas de La Guajira.
La Fiscalía ha señalado que durante la administración de Olmedo López y Sneyder Pinilla se presentaron maniobras para favorecer contratistas específicos y ejecutar contratos que no cumplían los requisitos técnicos y legales.
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