Los desarrollos de la historia de Colombia, incluidos los desvíos de la etapa colonial, gobernada desde ultramar por el reino de España, son más erráticos que acertados. Por eso acumula esa suma ostensible de accidentes, crisis sucesivas, desigualdad social, restricción de la democracia y muchas otras estrecheces que afectan la existencia humana en su integridad, con secuelas tan devastadoras como la violencia y la degradación de los derechos colectivos.

El consentimiento de las condiciones para el sostenimiento de la sociedad clasista impide la apertura a cambios que corrijan las brechas de exclusión existentes. En algunos gobiernos, a lo largo de los 200 años de la llamada institucionalidad republicana de la nación, se han intentado cambios orientados a superar las desigualdades que han predominado en el país.

Unos cuantos se tramitaron hasta la consolidación. Otros no han podido avanzar y, en este orden, se encuentra la propiedad de la tierra, que sigue atada a la explotación feudal, con el desconocimiento de los derechos de los campesinos marginados del poder. La salud y la educación también tienen limitaciones de alcance clasista. Y, en general, el llamado Estado Social de Derecho se reduce, en muchos casos, a una figura retórica de mera apariencia, porque en la práctica no funciona.

Durante el gobierno de Gustavo Petro, considerado progresista por su compromiso de mejorar las condiciones de vida de los colombianos, se promovieron cambios que fortalecieron el funcionamiento de la democracia. Pero se bloquearon otros considerados prioritarios. Para ello, se unieron en un frente clasista todas las fuerzas alineadas con el statu quo, bajo el liderazgo de la derecha que se aferra al atraso, sin tomar en cuenta el sufrimiento de la mayoría de la población, entre quienes se encuentran los más pobres.

El gobierno sucesor de Petro, liderado por Abelardo de la Espriella, llegó con el programa de borrón y cuenta nueva y, con eso, avanza. Nada que tenga el sello de la democracia le sirve. Sus puntadas representan la educación confesional, la salud como negocio particular y, en general, el Estado como instrumento de represión contra quienes no compartan los dogmas de ese nuevo orden.

Es el autoritarismo vestido de civil, pero semejante a las dictaduras respaldadas por la fuerza pública durante gran parte del siglo XX en diferentes países. Es el revanchismo con la savia del odio, que convierte a los adversarios en enemigos. Por eso, la discriminación hacia los medios que critiquen algo. La intolerancia llevada al extremo de la censura y la persecución, con toda su ofensiva incluida.

Todo ese tejido oficial conduce al resquebrajamiento de la Nación. Es oxígeno para la violencia y para las conductas negativas que se benefician de los males que promueven el desgarramiento de Colombia.

¿Cómo oponerse al denominador común del entendimiento, aunque se tengan enfoques diferentes sobre las soluciones que exigen los problemas? ¿Y por qué institucionalizar la enemistad cuando el país demanda la convivencia entre todos para salir de ese remolino arrasador de la violencia, alimentado por bandas mafiosas y criminales con presencia en muchos territorios de la nación, con el apoyo de sectores políticos y económicos que reciben los réditos de la criminalidad?

Basta ya de ese tejido de muerte que se alza como una tormenta abismal.

Puntada

La situación del Hospital Universitario Erasmo Meoz requiere atención prioritaria por parte de quienes gobiernan en las distintas instancias del poder.

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