Nuestro frondoso repertorio de leyes y normas está lleno de muchas que, como se decía en tiempos coloniales, “se acatan pero no se cumplen”, o se cumplen solo selectivamente.
A medida que se examinan las leyes que deberían regular cada asunto imaginable, van aflorando poco a poco todas esas normas escritas no acatadas, toda esa letra muerta cuyo decaimiento no se explica tanto por su inutilidad sino más frecuentemente por la injusticia. Aquello de que “la justicia es para los de ruana”, tiene mucho que ver con la aplicación selectiva de las normas según los intereses y las circunstancias de cada caso. Mientras no convenga es letra muerta. Cuando convenga, se abre la gaveta y aparece la Ley.
Revisando este asunto a partir de casos propios y más prácticos, se nota que cuando el incumplimiento de la Ley causa las injusticias más amargas no es cuando obra contra la Ley algún interés poderoso y perverso -lo que resulta siendo un caso menos frecuente- sino cuando se impone el desinterés de las mayorías. No es que la justicia sea solo para los de ruana. Es que muchas veces los de ruana son terriblemente indiferentes.
Recordaré un caso tratado en pasadas columnas para pasar enseguida a uno que será objeto de las que vienen. Me impresionó el contraste entre la detallada descripción de circunstancias y normas sobre sismorresistencia que imponen un catálogo largo de obligaciones a la ciudad de Cúcuta desde 1997, y la realidad de su total inobservancia al cabo de casi treinta años. Para mitigar tanta indiferencia de las mayorías ante una situación de riesgo plenamente demostrada por la geología, el Municipio suscribió algunos compromisos ante la Contraloría Municipal que presenté en la columna pasada, lo que si bien es un avance, es apenas una fracción de lo que la Ley dice.
Hace poco, repasando las normas sobre garantías de buenas condiciones de habitabilidad, salubridad, cuidado del medio ambiente y del espacio público, encontré otra norma casi absolutamente ignorada. Se trata del acuerdo 039 de 2009 que creó en Cúcuta el “comparendo ambiental”, e impuso a la ciudad y sus habitantes una razonable lista de obligaciones sobre gestión de residuos sólidos y limpieza de espacios públicos, y adicionalmente se estableció multas y sanciones que nunca se aplicaron.
Prácticas comunes de economía circular y gestión de residuos como la separación en la fuente, propias de cualquier hogar en cualquier ciudad normal, en la nuestra parecen parte del futuro soñado, cuando son una obligación al menos desde 2009. sin que ninguna autoridad las haya tomado realmente en serio, no por cuenta de intereses oscuro y poderosos, sino porque la a la gran mayoría de la gente de cucuteña parece no importarles.
En Cúcuta como en todas las ciudades del país, existe un documento de planeación que compila las obligaciones sobre estos mismos temas. Se trata de Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos, norma que va más allá de su nombre y se extiende a asuntos como la limpieza del espacio público y el cuidado de los árboles de la ciudad, propósitos cuya desatención supone costos ambientales y daño al patrimonio público que la ciudad debe evitar, lo que será objeto de tratamiento en algunas columnas venideras.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion.
