El patrón no se define por un único exabrupto, sino por la acumulación de conductas. Lo que viene ocurriendo ha dejado de ser una serie de incidentes aislados y refleja un talante autocrático.

Antes de asumir, se vieron los primeros síntomas. En abierta contravía a la autonomía del Congreso, De la Espriella pretendió imponer a un compadre cuestionado y de pasado petrista en la presidencia del Senado. Un par de semanas más tarde, buscó posesionarse en un cuartel militar, a contramano de lo ordenado por la Constitución, que dispone que dicho acto debe surtirse ante el Congreso. La separación de poderes no es un capricho formalista, sino la salvaguarda esencial de la democracia; intentar subordinar al legislativo o militarizar actos civiles son alertas que ningún demócrata puede soslayar.

La libertad de prensa ha sufrido embates que muestran una intención de asfixiar el disenso. Las presiones que precipitaron la salida de periodistas como Luz María Sierra, Camila Zuluaga y Vladdo, junto con los ataques contra La Silla Vacía, atentan contra el pluralismo informativo. Una prensa libre, crítica e independiente, dispuesta a denunciar la corrupción y a cuestionar los abusos del poder, es el oxígeno indispensable de cualquier república. El hostigamiento estatal y la estigmatización es el libreto clásico de quienes no gustan de la libertad de prensa.

El objetivo se ha trasladado ahora hacia los gremios de la producción. Primero asistimos a la destitución de Carolina Soto en la Cámara Colombiana de la Infraestructura. El turno subsiguiente fue para Bruce Mac Master y la ANDI. La excusa esgrimida para justificar esta persecución —su pasado santista y su respaldo al proceso de paz— carece de seriedad y revela una hipocresía monumental. No importa cuáles hayan sido las posiciones políticas previas de sus dirigentes, hay que respetar la independencia gremial. Además, el gobierno está colmado de antiguas figuras del santismo y de defensores del acuerdo con las Farc, empezando por el ministro del Interior y el propio De la Espriella. Lo que se persigue es el sometimiento gremial.

Para hacer más grave el asunto, la embestida vino acompañada de la amenaza de romper comunicación institucional con su junta directiva y de agresiones directas contra Manuel Santiago Mejía. Atacar a uno de los empresarios más importantes y comprometidos con el desarrollo del país, cuya familia ha liderado una de las obras filantrópicas más excelsas de nuestra historia, demuestra el afán de doblegar al empresariado.

Estas arremetidas contra los gremios y contra la prensa violan la Constitución en sus artículos 39 y 40 y contradicen la doctrina de la Iglesia Católica, la cual promueve la creación y el fortalecimiento de los cuerpos intermedios como diques de contención fundamentales entre el individuo y el Estado.

Este alarmante panorama viene sazonado por una estrategia donde los mensajes y los ataques vienen por interpuesta persona y un grupete de sicarios digitales y bodegueros que, como en campaña, propagan los videos de inteligencia artificial y la información falsa dirigida a ambientar las órdenes recibidas. El propósito intimidatorio y de destrucción reputacional es evidente. 

En el pasado, criticamos con severidad a Petro cuando asumió posturas semejantes; la coherencia nos exige actuar hoy con idéntico rigor frente a De la Espriella. Quienes propugnamos por la democracia, la separación de poderes, el estado de derecho y las libertades individuales, tenemos el deber de alzar la voz con firmeza en su defensa, sin importar el color político del gobernante de turno. 

Es un alivio que Cepeda no haya ganado, pero ello no significa que se deba aplaudir cualquier cosa que haga De La Espriella. Seguiré apoyando las buenas decisiones que beneficien a Colombia, pero criticaré y me apartaré de las que considere inconvenientes para el país, como es mi obligación.
 

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