El Gobierno presentó una reforma tributaria disfrazada de recorte al gasto público. En campaña había sostenido que “Colombia no necesita más impuestos que ahoguen a los campesinos y empresarios”. El jueves radicó la ley de rescate, con más IVA, más renta para la clase media y más cotizaciones para salud.
No sobra recordar el camino. El 16 de septiembre, el Centro Democrático radicó un proyecto que le daba al Presidente facultades extraordinarias para fusionar y suprimir entidades, eliminar duplicidades y adelgazar el Estado. Durante mes y medio le preguntamos una y otra vez si las requería. El jueves, a las 6:15 pm, respondió que no las necesitaba. Minutos más tarde las pidió en la ley que denominó de Rescate Fiscal. Se perdió mes y medio para estudiar el recorte del gasto.
Ocurrió lo mismo con el presupuesto 2027. Radicamos una proposición para recortar dos puntos del PIB. La noche del debate el Gobierno se opuso una y otra vez a nuestra proposición. Dos semanas después, radicó la ley de Rescate con propuesta de ajuste. No se entiende porqué el Gobierno se atraviesa en las iniciativas del Congreso y luego las presenta como propias.
Dicho esto, el Gobierno tiene razón en lo esencial: el ajuste es indispensable. Sin medidas, la deuda superaría en 2028 el límite del 71% del PIB que fija la regla fiscal, de acuerdo con el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y la ley trae cosas muy buenas. Reduce a la mitad el gasto en contratistas en 2027, obliga a bajar 20% la nómina estatal en 2028 y reduce la tarifa de renta de las empresas del 35% al 31%. Lo acompañaré. Ocurre, sin embargo, que de los 40 billones del ajuste anunciado, apenas una cuarta parte, cerca de 10, es recorte de gasto; el resto sale de impuestos y aportes. El problema es esa otra parte del proyecto, la que golpea al colombiano de a pie.
La salud: dada la grave crisis en la que se encuentra el país, con las tutelas disparadas que pasaron de 156.000 en 2022 a 313.000 en 2025, de ninguna manera es viable encarecer los seguros y servicios complementarios en salud. Cerca de 1,5 millones de colombianos hacen un esfuerzo enorme para pagar medicina prepagada. La propuesta del Gobierno sube el IVA de la prepagada del 5% al 19% —un golpe directo a los adultos mayores— y eleva la cotización en salud de quien gana más de dos salarios mínimos, que pasará de aportar el 4% a aportar hasta el 8% de su sueldo. Los independientes pasarían del 12,5% hasta el 15,5%.
La comida: en un contexto donde la inflación anual está alrededor del 6%, tampoco es viable incrementar el precio de la canasta básica. Productos esenciales como el café, el azúcar, los aceites, la avena, las pastas y el chocolate pasarían del 5% al 19% de IVA. El tinto, el desayuno y el mercado se volverían más caros.
La renta: el golpe a las familias no es menor. Hoy se empieza a pagar desde 1.090 UVT. El proyecto baja el umbral a 720 UVT, algo más de 3,1 millones de pesos al mes, con tarifa del 9%, recorta los alivios al salario y elimina la deducción por dependientes, es decir, quien sostiene a sus hijos o padres mayores pagará más.
Ahora, hoy las empresas están exoneradas de pagar aportes al SENA, al ICBF y a la salud por los trabajadores que ganan menos de diez salarios mínimos. La ley limita ese alivio a solo dos salarios mínimos. Volver a aumentar los parafiscales y los costos laborales revertirá los avances que se obtuvieron en diminución de informalidad.
Colombia no sufre por falta de impuestos, sufre por exceso de gasto. Acompañaré los recortes a la burocracia. Reducir el tamaño del Estado es indispensable. Pero los nuevos impuestos parecen claramente regresivos y le pegan durísimo a la clase media. El ajuste lo debe hacer el Estado, no los ciudadanos.
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