El secretario jurídico de Cúcuta, Emerson Meneses, aceptó que debe desmontar 23 antenas de empresas telefónicas y reconoció que la gestión de sus subalternos en el caso le causa vergüenza.

Le da pena, porque luego de dos años de emitidas las resoluciones de desmonte, en la oficina de Meneses no hay quién responda a una solicitud de reposición de las telefónicas. Las respuestas del secretario desalientan a la comunidad, que se siente incomoda.

Es diferente lo que ocurre en Cúcuta en Villa del Rosario, donde las autoridades sí le pusieron freno a las empresas de telefonía celular que instalaron  antenas de radiofrecuencia sin los permisos exigidos por la autoridad municipal.

Mediante resolución, el alcalde Pepe Ruiz resolvió desmontar una estación en la calle 4 # 5-36 del barrio Fátima, que se instaló en zona prohibida.  

Ruiz dio un plazo hasta el 15 de abril para que se retire la infraestructura, porque no tiene los certificados de uso de suelo, la declaración de impacto ambiental, el concepto sanitario, el acta de vecindad, ni el concepto del Consejo Departamental de Patrimonio Cultural.

Según la secretaria de Planeación, Aida Castaño, la antena había sido instalada hacia 2013, sin la debida aprobación del municipio  o socialización con las comunidades.
Por esa razón se ordenó su inmediato desmonte.

“La antena fue montada de un día para otro, y por eso el 31 de diciembre de 2015, el exalcalde Carlos Julio Socha emitió la resolución de desmonte, basado en el decreto 1500 de 2012, que hace referencia a la protección del patrimonio”, dijo Castaño.

Según la funcionaria, todo el centro de Villa del Rosario está protegido en cuanto a la instalación de estas antenas debido a que es un sector donde hay bienes históricos, no solo a nivel local sino también a nivel nacional.

La empresa dueña de la antena, ha impetrado un recurso de reposición para detener el proceso.

Sin embargo, ninguno ha prosperado, en razón a que es mucho más valiosa la conservación del patrimonio cultural.

Mientras esto pasa en Villa del Rosario, las autoridades de Cúcuta ni siquiera tienen la información suficiente para tomar una decisión.

Sobre este tema tampoco se ha pronunciado la Procuraduría, encargada de vigilar la conducta de los funcionarios del Estado.

Según  Meneses, Asomovil, empresa que defiende los intereses de las empresas Tigo-Movistar y Claro, ahora demandó a la Alcaldía y al Concejo de Cúcuta ante el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Cúcuta, para que se declare la nulidad del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), específicamente donde se prohibe la instalación de antenas.

*La Opinión