La alcaldía no encuentra ni salida para controlar el crecimiento de invasiones ni una fórmula para garantizar vivienda digna.
Un ejemplo son las familias de deportados por Venezuela, que dejaron una calle donde vivían y se fueron a invadir un terreno de alto riesgo en el asentamiento irregular Colinas del Tunal.
Según el secretario Jurídico de Cúcuta, Emerson Meneses, la Alcaldía tiene serios problemas para controlar este ilícito contra el patrimonio, porque el gobierno nacional no ha establecido políticas claras para combatir las invasiones.
Meneses dijo que este año ha recibido 23 órdenes de la Corte Constitucional amparando tutelas de personas que reclaman derecho a vivienda digna, a quienes se les debe responder y no hay cómo.
Aunque de anteriores proyectos de vivienda gratuitos aún hay desocupadas 42 casas, el gobierno nacional no ha permitido que se otorguen a quienes plantearon sus tutelas, debido a que se debe respetar la lista de anteriores beneficiarios.
El director de Metrovivienda, Carlos Chacón, advirtió que no hay proyectos habitacionales para personas en extrema pobreza y no los habrá en por lo menos dos años más.
Indicó que el Gobierno entregó unas 3.000 viviendas gratuitas y que por ahora no hay más; solo hay vivienda para ahorradores.
Aunque partiendo del principio de buena fe se considera que todas las personas que están en las invasiones dicen la verdad de su situación, junto a ellas son muchas más las personas que tienen como oficio invadir y vender, dijo Meneses.
Para el secretario, esta es una mafia difícil de combatir, porque las administraciones pasadas permitieron el crecimiento de unas 100 invasiones que no pueden ser desalojadas, porque están amparadas por el mismo derecho a la vivienda digna.
Las personas que viven en las invasiones, aunque reclaman vivienda, nunca se han dejado censar, lo que demostraría que a ciertas personas no les interesa ser identificados por el Estado para seguir invadiendo en otros sectores de la ciudad, precisó Meneses quien dijo que la alcaldía los censará a las buenas o a las malas.
“El alcalde dijo que no permitirá más invasiones y así se ha cumplido, porque es un problema grave”, dijo Meneses. “Las autoridades no tienen control, porque cualquier persona ha llegado a invadir en anteriores situaciones y los funcionarios han sido omisivos”.
Este viernes, la alcaldía se reunirá con el Departamento de Prosperidad Social (DPS), para revisar qué tratamiento se le va a dar a las viviendas que adjudicó el gobierno y que están vacías.
Según un análisis de la alcaldía, las zonas más invadidas son aquellos terrenos hacia el sector occidental del anillo vial, donde se asientan más de 4.000 familias.
La Opinión
