El municipio de Cúcuta tendría comprometidos recursos durante los próximos diez años, equivalentes a dos periodos y medio de gobierno, tras la aprobación por mayoría del Concejo del proyecto de acuerdo que autoriza al alcalde Jorge Acevedo Peñaloza a contratar un nuevo crédito por $30.000 millones, el segundo durante su administración.

La iniciativa fue aprobada con 14 votos a favor, correspondientes a concejales de la coalición de gobierno, y cinco en contra: Vanessa Arenas, Gimena Camacho, Alonso Torres, Leonardo Jácome y Álvaro Raad.

Los concejales que rechazaron el proyecto cuestionaron la decisión de adquirir una nueva obligación financiera cuando, según señalaron, todavía no se conocen informes detallados sobre la ejecución del crédito anterior, por $287.000 millones.
“¿Cuál es el misterio? ¿Por qué el alcalde Jorge Acevedo o su secretaria de Hacienda no les han querido decir a los cucuteños en qué se gastaron esos $287.000 millones? Que presenten un informe del avance de las obras que se contrataron. Nadie las conoce”, afirmó Leonardo Jácome, concejal del Estatuto de Oposición.

El cabildante sostuvo que el nuevo crédito comprometerá a futuras administraciones. “El otro año el alcalde se va, pero queda un municipio endeudado y con el riesgo de no poder cumplir con sus gastos ni con el plan de desarrollo de los mandatarios que lleguen”, manifestó.

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Jácome también cuestionó el comportamiento de las finanzas municipales y advirtió sobre la relación entre el nivel de endeudamiento y los ingresos tributarios. Según sus cifras, Cúcuta tiene actualmente una deuda pública cercana a los $433.000 millones, mientras los ingresos provenientes de impuestos como industria y comercio y predial rondan los $380.000 millones.

Los concejales de oposición ingresaron a la plenaria del viernes en la tarde con carteles en los que se leía “No más deuda”, en un intento por evitar la aprobación del proyecto. La iniciativa, sin embargo, fue respaldada por la mayoría de la corporación.
“No se entienden las pretensiones de la administración del alcalde Jorge Acevedo de adquirir otro crédito por $30.000 millones cuando ya tuvo uno de $287.000 millones”, cuestionó la concejal Vanessa Arenas.

La cabildante también criticó que el crédito anterior aún no haya sido ejecutado en su totalidad y que, según afirmó, no se hayan presentado informes suficientemente claros para evaluar sus resultados.

 “¿Quién pagará esa factura? Los cucuteños, mediante mayores cargas y menor capacidad de inversión en el futuro”, señaló.

El concejal Alonso Torres, quien también votó en contra, afirmó que la Administración Municipal conoce las restricciones financieras de Cúcuta, pero, según él, ha optado por asumir nuevas obligaciones pese a ellas.

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Mayorías y Administración defienden la capacidad 
de endeudamiento

El presidente del Concejo, Edison Contreras, quien respaldó el proyecto, sostuvo que la operación es viable desde los puntos de vista financiero y jurídico.

Explicó que los indicadores presentados por la Secretaría de Hacienda muestran que Cúcuta se mantiene dentro de los límites establecidos por las normas de responsabilidad fiscal.

Contreras señaló que, de acuerdo con los indicadores asociados a la Ley 358 de 1997, el límite de alerta para la solvencia es del 60 %, mientras Cúcuta registra actualmente un 5 %. En el indicador de sostenibilidad, cuyo límite es del 100 %, el municipio presenta un 51 %.

Con la contratación del nuevo crédito, según la proyección presentada al Concejo, el indicador de solvencia subiría al 8 % y el de sostenibilidad al 66 %.

La concejal liberal Carime Rodríguez también respaldó la iniciativa. Consideró que los $30.000 millones son necesarios para continuar con la recuperación de la malla vial y explicó que su decisión se fundamentó en los documentos entregados por la Administración Municipal y en las condiciones que ha podido observar en diferentes sectores de la ciudad.

La secretaria de Hacienda de Cúcuta, María Eugenia Navarro, sostuvo que, de acuerdo con los análisis realizados por su dependencia, la contratación de un crédito por $30.000 millones permitiría mantener los indicadores financieros dentro de los márgenes. establecidos por la normativa.

¿El nivel de deuda acerca 
a Cúcuta a una Ley 550?

Expertos consultados por La Opinión señalaron que la relación entre deuda e ingresos tributarios, por sí sola, no permite concluir que Cúcuta esté próxima a ingresar a un acuerdo de reestructuración de pasivos bajo la Ley 550 de 1999.

Para establecer si existe un riesgo de esa naturaleza es necesario analizar otros indicadores, entre ellos los ingresos corrientes de libre destinación, los ingresos totales, los gastos de funcionamiento, el servicio de la deuda, las cuentas por pagar, el pasivo pensional y el monto y composición de las obligaciones del municipio.

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No obstante, los expertos consideran que la relación entre el nivel de endeudamiento y los ingresos propios sí constituye un indicador que amerita seguimiento.

En el escenario planteado por las cifras conocidas, una deuda pública de $433.000 millones frente a ingresos de libre destinación cercanos a $387.000 millones significa que las obligaciones financieras equivalen aproximadamente al 112 % de esos ingresos anuales.

Esto no significa que Cúcuta esté obligada a entrar en Ley 550, pero sí plantea la necesidad de revisar con detalle su capacidad de pago y el margen que tendrá para financiar funcionamiento, inversión y nuevas obligaciones durante los próximos años.

La Ley 550 de 1999 establece un mecanismo para que las entidades territoriales que enfrenten dificultades financieras puedan reestructurar sus pasivos mediante un acuerdo con sus acreedores. El proceso, sin embargo, implica restricciones sobre el manejo de los recursos y sobre la capacidad de la administración para asumir nuevos compromisos.

Entre sus efectos están una mayor disciplina sobre el gasto, el cumplimiento de un acuerdo de pago con los acreedores y restricciones para asumir determinadas obligaciones durante la vigencia del proceso.

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