“Si se firma la paz y aún no nos han reparado, esa plata se perderá y vamos a quedar con años y años de colas, maltratos, trámites y revictimización”, dijo entre arengas Javier Mejía, víctima del conflicto.
Su afirmación fue bien recibida por las demás víctimas que en la mañana del jueves se tomaron las instalaciones del Centro de Víctimas en Comuneros, y el descontento colectivo se hace sentir.
“No es justo que nos pongan a esperar, a hacer filas interminables y que no nos solucionen nada”, interrumpió Aristóbulo Osorio, otra víctima. “Ya nos cansamos de mendigar por lo que nos corresponde por ley.”
Con 90 años, Osorio es uno de los protestantes más viejos. Se desplazó hace 15 años de Pácora (Caldas) y aún sigue esperando su reparación. Notoriamente cansado por el ajetreo y los rayos del sol, dijo que lleva cuatro meses esperando la llamada del Centro de Víctimas para poder reclamar su cheque.
Antes de que Osorio terminara su relato, Nayda, otra de las manifestantes tomó la vocería.
“Llevo tres desplazamientos... Salí de Salazar a los 13 años, luego me desplazaron de Nariño y el año pasado me tocó abandonar Sardinata por acciones de los grupos armados”, contó la mujer mientras sus compañeros permanecían atentos a su historia.
Con lágrimas, aseguró que en 11 años de desplazamiento no ha recibido ayuda alguna del Estado, y que no tenía dónde pasar la noche.
Enseguida, los relatos de las víctimas se tornaron más fuertes: “A mi esposo me lo mandó a matar Mancuso en 2001, y nadie me respondió”, se escucha en medio de la multitud.
“A mí me secuestraron, me violaron, y mataron a mi mamá en Ocaña”, dijo otra mujer que decidió romper su silencio. Otra más remata diciendo que a su hija la violaron siete miembros de las autodefensas y la joven de 14 años terminó suicidándose.
En medio de tantas tragedias, el grito es el mismo: ¡reparación ya!, ¡reparación ahora! Mientras adentro del Centro de Víctimas seguían atendiendo, unas 300 personas se desgastaban con pancartas y arengas bajo el sol, con la ilusión de ser escuchados. Nadie salió a su rescate, y las voces oficiales eran claras: hacen el trámite de ley y de ahí no pueden pasar.
*La Opinión
