La creación de la Zona Económica Especial Binacional entre Colombia y Venezuela quedó en suspenso luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible el memorando de entendimiento firmado por el presidente Gustavo Petro y su homólogo venezolano Nicolás Maduro, el 17 de julio de 2025.

La decisión deja la iniciativa sin efectos jurídicos inmediatos y abre la puerta para que el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella decida si impulsa nuevamente el proyecto o lo archiva definitivamente, que contempló la construcción de ese espacio aduanero para el desarrollo de la economía de ambos países.

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El economista y docente de la Uniagustiniana, Jhon Torres, explicó que hasta que concluya el procedimiento solicitado por la Corte, pasar por el Congreso y regresar a ese alto tribunal para su revision, la ZEEB no podrá implementarse legalmente en Colombia, pese a que el memorando había sido presentado por ambos gobiernos como un instrumento para fortalecer la integración económica y el desarrollo de la frontera colombo-venezolana. 

“Aunque vale decir que el presidente electo fue uno de los demandantes de la Zona Económica Binacional, por lo que se puede decir que no solo estará suspendida, sino efectivamente sería enterrada”, agregó Torres.

El experto destacó que los defensores del acuerdo argumentaban beneficios concretos, como reactivar un corredor comercial, que en su mejor momento superó los US$8.000 millones anuales y hoy apenas alcanza los US$1.200 millones, generar empleo formal y atraer inversión conjunta en infraestructura de gas, petróleo y electricidad en una zona que comparte recursos energéticos estratégicos. 

El economista manifestó que el potencial es real, porque la frontera colombo-venezolana tiene más de 2.200 kilómetros y zonas que históricamente han dependido del intercambio binacional. 

“Pero los riesgos son igualmente concretos. Una zona económica especial con Venezuela implica integración con una economía hiperinflacionaria y un sistema bancario disfuncional, sin convertibilidad real de su moneda y bajo sanciones internacionales que complican cualquier transacción financiera con terceros países”, añadió.

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Gremios piden nueva ruta legal

El director de la Región Oriente de la Cámara Colombo Venezolana, Víctor Méndez, manifestó que comprenden la naturaleza del documento firmado por los países, por lo que, si el trámite debe ir al Legislativo “para que sea una realidad”, estarán muy atentos para dar sus aportes.

“Y que esto se traduzca en que Norte de Santander y Táchira sean protagonistas para ayudar en la reconstrucción de Venezuela, con toda las garantías jurídicas y de seguridad, para que podamos invertir y trabajar en equipo los gremios y autoridades”, resaltó Méndez.

El gerente de la Seccional Norte de Santander de la Asociación Nacional de Empresarios (ANDI), Francisco Unda, afirmó que desde el gremio han reiterado que los esfuerzos orientados a fortalecer la integración económica y comercial entre Colombia y Venezuela son fundamentales para el desarrollo de la región de frontera. 

“Sin embargo, este tipo de iniciativas deben construirse con la participación de los actores directamente involucrados, entre ellos los gremios, el sector empresarial y las autoridades regionales y locales de ambos países”, indicó.

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Unda recalcó que es indispensable que cualquier acuerdo se ajuste plenamente a los procedimientos y requisitos constitucionales establecidos en cada nación. Consideró que estos elementos no fueron suficientemente observados durante el proceso de construcción de esa propuesta.

El presidente de la Cámara de Comercio de San Antonio, Indover Sayago, expresó que ven con “absoluto respeto las decisiones del Gobierno colombiano”. No obstante, aseguró que esta coyuntura no detendrá el trabajo gremial y continuará fortaleciendo los enlaces binacionales y promoviendo las condiciones ideales para que el empresariado colombiano retorne a esa ciudad.

“Muchos empresarios colombianos que construyeron grandes compañías aquí tuvieron que irse por la crisis, pero dejaron sus locales. Estamos haciendo todas las gestiones para que regresen a sus espacios, y al mismo tiempo, estamos abriendo las puertas para nuevos inversionistas”, explicó el vocero.

Sayago brindó un balance optimista sobre la realidad actual del municipio, resaltando que, en los últimos meses, han visto una mejoría económica real. “Se han reabierto comercios y empresas, destacando especialmente el sector de restaurantes y hoteles. Esta dinámica nos demuestra que San Antonio está experimentando una recuperación económica lenta, pero firmemente sostenida”.

El director de la Escuela de Negocios y Desarrollo Internacional de la Universidad Politécnico Grancolombiano, Sebastián Chacón Marín, recordó que el objetivo del acuerdo es el impulso al desarrollo económico, comercial y de la seguridad en la franja que comparten Norte de Santander, La Guajira y Cesar con los estados Táchira y Zulia.

“La decisión de la Corte lleva a replantear cuál puede ser el mecanismo para fomentar estas relaciones entre ambas naciones, también llevando a cabo acuerdos comerciales que fueron eliminados años atrás, como fue el antiguo G3, con Colombia, México y Venezuela, que se retiró del bloque, así como la Comunidad Andina (CAN)”, afirmó Chacón.

Lo que resta, entonces, es buscar instrumentos legales para impulsar al empresariado y las relaciones económicas binacionales, que empiezan a mostrar los primeros avances en términos de crecimiento.

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