Hay una fecha a la que se le denomina Día Internacional para proteger la Educación de ataques, que en el calendario aparece señalada cada nueve de septiembre.

Para empezar, recordemos que el año pasado las Naciones Unidas verificaron 1.680 ataques contra escuelas, lo que representa un aumento del 33 % con respecto a 2024 en el mundo.

Y de inmediato surge el recuerdo de lo que ocurre en el Catatumbo con el uso de los drones cargados con explosivos, las minas antipersonal y el reclutamiento forzado, los cuales siguen convertidos en enemigos del derecho a la educación.

Luego de que el Ejército de Liberación Nacional (Eln) y la disidencia de las Farc incluyeran en su arsenal los equipos voladores no tripulados a los cuales les adicionan cargas explosivas, las instituciones educativas de esa subregión nortesantandereana pasaron a convertirse en objetivo.

Según el Derecho Internacional Humanitario (DIH), las escuelas deben ser espacios protegidos en contextos de guerra, aspecto que no es respetado por las organizaciones armadas ilegales.

Se les olvida a los cabecillas y combatientes que los principios fundamentales del DIH es la protección de la infraestructura civil esencial, como las escuelas, reconocidas como espacios neutros donde los menores deben estar a salvo de cualquier acción bélica.

Según el fondo Education Cannot Wait (La educación no puede esperar), los ataques contra la educación y el uso de las escuelas para conflictos armados alcanzaron niveles récord en 2024 y 2025, con altas cifras de víctimas entre estudiantes y educadores.

Entre los 28 países analizados, Colombia y Haití en América Latina y el Caribe, 13 países de África, siete del Medio Oriente, cinco de Asia, y Ucrania, la educación fue blanco de ataques o las escuelas y universidades fueron utilizadas con fines militares.

Y los niños, niñas y adolescentes, continúan acechados por otro par de peligros, como el de los campos minados, que convirtieron las zonas aledañas a los establecimientos escolares en áreas de alto riesgo, donde también el peligro es para los educadores.

Lo mismo acontece en los caminos por los que ellos transitan hacia el aula, puesto que en muchas oportunidades en su trayecto son dejadas esta clase de trampas explosivas que usan los combatientes contra sus enemigos, pero que en últimas terminan por afectar a víctimas inocentes entre la población civil.

Para los maestros es igualmente riesgoso. Y que eso suceda, pues termina provocando que por un lado los menores tengan que aventurarse no solo una situación de alta peligrosidad sino a todo lo que implica la generación de inconvenientes para los docentes.

Y en el conteo de estas acciones violentas sigue ahí el no menos inhumano reclutamiento forzado infantil que produce múltiple impacto tanto en las víctimas, sus familias y en la sociedad misma.

Al arrancarlos por la fuerza de las aulas o mediante acciones desde las redes sociales los dejan fuera del derecho a la educación.

Como lo afirma la Unesco, los ataques a la educación privan a los alumnos de su derecho fundamental a educarse dentro de los niveles de calidad y universalidad, e impiden a los docentes de impartirla eficazmente, con severos daños para la sociedad en general.

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