A nueve días de la segunda vuelta presidencial, la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz (UIAP) denunció que un hombre presuntamente vinculado a una campaña presidencial amenazó a un grupo de docentes y atemorizó a niños en una escuela rural de la vereda El Guayabo, en Valparaíso, suroccidente de Antioquia.

La entidad le pidió a la Fiscalía investigar el caso con urgencia y lo enmarcó en un patrón de violencia política que, advierte, se ha recrudecido en la recta final hacia las urnas.

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Según el comunicado, los hechos no son aislados: harían parte de un patrón sostenido de intimidación y estigmatización contra comunidades, líderes sociales y firmantes del Acuerdo Final de Paz, los ex combatientes de las extintas Farc que entregaron las armas en 2016. La entidad sostiene que ese patrón se agudizó con la campaña hacia la segunda vuelta del 21 de junio.

"Ninguna campaña electoral puede ejercerse a costa de la seguridad y la dignidad de quienes construyen la paz en los territorios", afirmó Gloria Cuartas, directora de la UIAP. La funcionaria recordó que el Acuerdo tiene rango constitucional y que los derechos políticos de los firmantes están reconocidos por el Acto Legislativo 02 de 2017, la reforma que blindó el cumplimiento de lo pactado.

El comunicado no dice a cuál de las dos campañas pertenecería el hombre señalado. La omisión no es menor: la segunda vuelta enfrenta al izquierdista Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con el abogado de ultraderecha Abelardo de la Espriella, y la defensa del Acuerdo de Paz es justamente una de las líneas que más los separa.

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Cepeda llega a la contienda con un programa que promete profundizar la implementación del Acuerdo y fortalecer la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). De la Espriella, que ganó la primera vuelta del 31 de mayo con el 43,7 % y pasó al balotaje como favorito en las encuestas, representa la orilla más crítica de ese proceso.

La UIAP, sin embargo, no estrena el discurso en campaña. La entidad, adscrita al Gobierno de Gustavo Petro, ya había alertado antes a las altas cortes por mensajes que, según ella, estigmatizan a los ex combatientes, una población golpeada por la violencia: centenares de firmantes han sido asesinados desde la firma del Acuerdo.

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El episodio de Valparaíso encaja en un mapa de riesgo que las autoridades electorales ya venían advirtiendo. De acuerdo con la Misión de Observación Electoral (MOE), el 57% de las acciones de violencia registradas en esta campaña se concentra en cuatro territorios, encabezados por Antioquia, junto con Norte de Santander, Bogotá y Santander. El departamento ha sido, además, uno de los que más alertas ha recibido por la presencia de grupos armados ilegales.

La Unidad les exigió actuar de inmediato a varias entidades: a la Fiscalía, abrir la investigación penal; a la Procuraduría, las averiguaciones disciplinarias; y a la Defensoría del Pueblo y al Ministerio del Interior, activar los mecanismos de protección para las comunidades afectadas.

También les pidió a los dos candidatos un gesto concreto: rechazar en público cualquier acto de intimidación cometido en nombre de sus campañas. Para la entidad, el silencio frente a esos hechos eleva los riesgos sobre la población en los territorios y contradice los compromisos del Estado en materia de garantías de no repetición, la promesa de que la violencia del conflicto no se repita.

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