El candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, Iván Cepeda Castro, propone fortalecer los programas del gobierno de Gustavo Petro que han generado resultados en Norte de Santander e impulsar nuevas iniciativas en seis sectores considerados prioritarios para consolidar el desarrollo comercial, industrial y de infraestructura de la región. Estas son las propuestas que plantea para el departamento en caso de ser elegido presidente de Colombia para el periodo 2026-2030.
Comercio y desarrollo económico
El gobierno de Gustavo Petro dio pasos importantes en la recuperación de las relaciones comerciales con Venezuela y la reactivación de la frontera, tras más de siete años de cierre total. En 2024, el intercambio comercial binacional alcanzó los 1.200 millones de dólares, mientras que en 2025 se contabilizaron alrededor de 1.170 millones de dólares. De las 228 nuevas empresas que abrieron en Cúcuta durante el primer semestre de 2025, el 95 % (217) son de origen venezolano, lo que evidencia la dinámica de integración económica impulsada por el Gobierno nacional.
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Sobre esta base, la propuesta contempla profundizar una estrategia de desarrollo económico que convierta al departamento en el principal corredor logístico, comercial e industrial entre Colombia y Venezuela. Para ello, se impulsarán líneas de crédito para pequeños y medianos empresarios, el fortalecimiento de las cadenas agroindustriales, la modernización de la infraestructura fronteriza y el apoyo a las economías populares, con el propósito de generar empleo formal y nuevas oportunidades productivas en todo el territorio.
Seguridad humana integral
Frente a las complejas dinámicas de inseguridad en Norte de Santander, el gobierno del presidente Gustavo Petro implementó diversas medidas. Mediante el Decreto 062 de 2025 se declaró el Estado de Conmoción Interior en Cúcuta y el Catatumbo, expidiendo 16 resoluciones para restringir insumos utilizados en el narcotráfico y desplegando 1.150 soldados adicionales junto con 500 comandos policiales, lo que permitió la destrucción de 45 laboratorios de cocaína.
Para combatir la delincuencia urbana y las nuevas modalidades de violencia asociadas al uso de drones, el Ministerio de Defensa dotó a las tropas con 22 vehículos blindados, tecnología antidrones y 300 nuevos policías para la frontera. Estas acciones se articularon con un plan binacional con Venezuela orientado a desmantelar estructuras criminales transnacionales. Según las cifras presentadas, esta estrategia permitió una reducción del 28 % en los homicidios en Cúcuta y más de 2.870 capturas relacionadas con delincuencia común.
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La propuesta de Iván Cepeda contempla una política de seguridad humana integral con control territorial diferenciado para desarticular organizaciones criminales en Norte de Santander, atacando sus finanzas y economías ilícitas, entre ellas la extorsión, el narcotráfico, el sicariato, el secuestro y el lavado de activos.
Asimismo, plantea fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal y presencia efectiva del Estado en corredores estratégicos y zonas rurales. También propone reducir los índices de extorsión, secuestro y homicidio mediante estrategias de protección dirigidas especialmente a barrios populares, comerciantes y pequeños empresarios.
La iniciativa incluye el fortalecimiento de la justicia oportuna, las comisarías de familia y los mecanismos de resolución pacífica de conflictos, junto con la dignificación de la Fuerza Pública. Además, busca consolidar la inversión social contemplada en el Pacto Social para la Transformación Territorial, que prevé recursos por 6,27 billones de pesos para 124 proyectos, con el fin de garantizar una seguridad sostenible.
El candidato sostiene que no habrá negociación con actores armados que ataquen a la población civil, recluten menores de edad o ejerzan la extorsión. En su visión, la paz debe construirse a partir de la autoridad legítima del Estado, las oportunidades para los jóvenes y la justicia social en los territorios.
Plan de choque por la salud
Durante los últimos cuatro años se avanzó en la recuperación de hospitales públicos y en el fortalecimiento de la atención primaria en salud. En el marco del Pacto Social para el Catatumbo, se destinaron 361.549 millones de pesos para infraestructura y servicios de salud en la región.
Adicionalmente, el Gobierno nacional asignó 102.748 millones de pesos para el Catatumbo en 2025, en el marco de la Conmoción Interior. De estos recursos, 61.092 millones de pesos fueron destinados a infraestructura de acueducto y saneamiento básico. El presupuesto restante financió soluciones habitacionales de emergencia y un subsidio excepcional del 90 % en las facturas de servicios públicos para los habitantes de la región.
La propuesta plantea profundizar estas acciones mediante un plan de choque orientado a recuperar la atención de los pacientes que actualmente enfrentan dificultades para acceder a medicamentos, citas médicas, diagnósticos y tratamientos. También contempla ampliar la cobertura de atención primaria, mejorar la infraestructura hospitalaria, fortalecer la red pública de salud y promover el uso de la telemedicina y la atención domiciliaria para acercar los servicios a las zonas rurales, fronterizas y del Catatumbo.
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Revolución educativa
El Gobierno nacional impulsó la matrícula cero, amplió la cobertura de la educación superior pública y puso en marcha el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, que incluye la construcción de la Universidad del Catatumbo en el municipio de El Tarra, con una inversión superior a los 30.000 millones de pesos.
La institución recibirá a más de 1.500 estudiantes provenientes de Convención, El Tarra, El Carmen, Hacarí, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. De manera complementaria, se construyó el Colegio-Universidad en El Tarra, un modelo que permite cursar simultáneamente el bachillerato y estudios superiores.
La propuesta busca consolidar y fortalecer este proyecto estratégico mediante la ampliación de la cobertura de educación técnica, tecnológica y universitaria, el fortalecimiento de la presencia institucional en los municipios del Catatumbo y la garantía de conectividad digital para las comunidades rurales.
El objetivo es que ningún joven tenga que elegir entre migrar, vincularse a economías ilegales o renunciar a sus proyectos de vida por falta de oportunidades educativas.
Modernización de la infraestructura fronteriza
Durante el actual gobierno se restablecieron las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela. Como resultado, el intercambio comercial binacional pasó de 600 millones de dólares en 2023 a 1.200 millones en 2024, con un movimiento cercano a los 1.700 millones de dólares en 2025.
La propuesta contempla profundizar este proceso de integración mediante la modernización de la infraestructura fronteriza, el fortalecimiento del comercio formal, la simplificación de trámites y la promoción de proyectos binacionales de desarrollo económico.
La meta es convertir la frontera en una plataforma de crecimiento, empleo e integración regional.
Comunidades energéticas
En los últimos años se impulsó la transición energética y el desarrollo de energías renovables como una política estratégica nacional. En Norte de Santander se han priorizado proyectos de energía solar para el Catatumbo, orientados a facilitar el acceso a energía limpia para miles de familias, reducir costos energéticos y promover el desarrollo sostenible.
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La propuesta plantea fortalecer esta apuesta mediante la promoción de proyectos de energía solar, comunidades energéticas y sistemas de generación distribuida en zonas rurales y apartadas.
Asimismo, busca que la transición energética contribuya a la generación de empleo, reduzca brechas territoriales y fortalezca la competitividad regional, garantizando sostenibilidad ambiental y acceso a la energía para las comunidades más vulnerables.
Siete programas para el bienestar de las familias nortesantandereanas
El gobierno del presidente Gustavo Petro fortaleció programas como Colombia Mayor, incrementando el subsidio para los adultos mayores de 80.000 a 230.000 pesos mensuales. En Norte de Santander, 70.164 personas mayores reciben este beneficio en el ciclo 11, con una inversión total de 16.686 millones de pesos. El programa ha beneficiado a más de 71.000 adultos mayores en el departamento.
De igual forma, Renta Joven ha destinado 20.000 millones de pesos para apoyar a 26.000 estudiantes de siete instituciones públicas de educación superior de Norte de Santander. Por su parte, Renta Ciudadana benefició a 36.533 hogares en 2025, con una inversión superior a 83.160 millones de pesos.
En materia de titulación de tierras, se han formalizado 5.786 predios en 28 de los 40 municipios del departamento. Además, se han transferido 5.841 predios, con una inversión nacional superior a 61.783 millones de pesos.
La propuesta de Iván Cepeda Castro contempla ampliar Colombia Mayor para alcanzar más de 4,2 millones de beneficiarios en todo el país; fortalecer Renta Joven mediante transferencias mensuales de entre 800.000 y un millón de pesos; y ampliar Renta Ciudadana, duplicando su cobertura hasta llegar a 1,6 millones de familias.
Igualmente, propone articular este programa con líneas de crédito popular para fortalecer al menos 200.000 microempresas familiares. También plantea implementar una renta para personas con discapacidad, desarrollar programas de protección para líderes sociales en zonas de alto riesgo, fortalecer las compras públicas de alimentos y poner en marcha estrategias de apoyo educativo para estudiantes de la ruralidad, especialmente en el Catatumbo y los municipios de frontera.
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