Durante el transcurso del presente año, los municipios de El Tarra, San Calixto y El Carmen han sido escenario de ataques con drones que afectan tanto a las comunidades rurales como urbanas de esos territorios.
Estos ataques, sumados a las confrontaciones y amenazas en el Catatumbo, han generado desplazamientos masivos de familias que buscan huir de cualquier afectación física o psicológica.
Ante este panorama, las personerías municipales han brindado atención y orientación a las familias que han llegado a estos municipios, mientras continúa el seguimiento a la evolución de la situación humanitaria.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo recordó y enfatizó que la población civil no puede ser involucrada en las hostilidades ni ser objeto de ataques, amenazas, intimidaciones y señalamientos.
La entidad señaló que las normas del derecho internacional humanitario (DIH) exigen a las partes en conflicto respetar a la población civil y sus bienes.
“Asimismo, reiteramos la obligación del Estado de garantizar los derechos de las comunidades, incluidas las condiciones para permanecer en sus territorios, movilizarse de manera segura y acceder a servicios esenciales y asistencia humanitaria”, agregaron.
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Igualmente,la Defensoría precisó que continuará desarrollando acciones de monitoreo, prevención, acompañamiento e incidencia institucional, en el marco de sus competencias, para contribuir a la protección de los derechos humanos de las comunidades afectadas y hacer seguimiento a la evolución de la situación humanitaria.
“Hacemos un llamado a la Gobernación de Norte de Santander y a las alcaldías de San Calixto, El Tarra y El Carmen para que fortalezcan y activen, según corresponda, los mecanismos de prevención, protección y atención humanitaria, de acuerdo con los riesgos y las necesidades identificadas en cada territorio”, sostuvo la entidad.
Igualmente, se instó al Gobierno nacional y a las entidades competentes a fortalecer la coordinación con las autoridades territoriales para verificar los hechos reportados, identificar los riesgos, garantizar la atención integral de las personas afectadas y adoptar medidas que permitan prevenir vulneraciones de derechos.
Además, la Defensoría le reiteró a los grupos armados su obligación de respetar las normas del DIH, particularmente aquellas relacionadas con la población civil y sus bienes, y de abstenerse de realizar ataques y otras acciones que pongan en riesgo la vida, la integridad y la seguridad de las comunidades.
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