En el departamento, el hecho afectaría a cerca de 600 escoltas. Los sindicalistas aseguran que el proceso se suspendió gracias a una orden de tutela el pasado 18 de julio por orden de un juez en la ciudad de Pereira, tras la advertencia de unos errores en la implementación del contrato. No obstante, aseguraron que la decisión no representa el cierre definitivo del proceso y por eso instan a que sea revisado el proceso de contratación.
Los trabajadores aclararon que ningún momento su objetivo ha sido que se amplíe el programa con la vinculación de nuevos escoltas. El principal reclamo, radica en la forma que se realiza el proceso y el riesgo de que varios de los trabajadores queden sin empleo.
El líder sindical hizo un llamado al Gobierno nacional para revisar la situación financiera de la UNP y a que no se repriman las protestas como sucedió ayer, 21 de julio en la capital del país, "ayer en la ciudad de Bogotá se unieron varias organizaciones sindicales y la respuesta del Gobierno fue atacarlos bombas lacrimógenas", expresó el líder.
Además, Trujillo dio a conocer que hay cerca de 1.000 solicitudes de protección de líderes sociales, periodistas y dirigentes políticos represadas y que el proceso de asignación puede tardar hasta seis meses.
Por último, pidieron que se establezcan espacios de dialogo respetuosos con el Gobierno nacional. "La intención con esta manifestación pacífica es que se cree una mesa de concertación en Bogotá y en vez de atacar a los escoltas se sienten con ellos y empiecen a subsanar estas estos parámetros y requisitos que vulneran los derechos laborales de todos los trabajadores", dijo Trujillo
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