La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) adelantó, en la sala de juntas de la Universidad Francisco de Paula Santander, seccional Ocaña, audiencias territoriales para escuchar los relatos de 42 comparecientes de la Fuerza Pública que confiesan su participación en ejecuciones extrajudiciales en la subregión del Catatumbo.
Las medidas de satisfacción para las víctimas de Teorama y Convención fueron adelantadas por magistrados de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas, en seguimiento a miembros de la Brigada Móvil No. 15, que operó en la región a principios del presente siglo.
Lea además: El fantasma de la guerra vuelve a inquietar a Ocaña ante posibles movimientos del Epl
Durante las audiencias se escucharon testimonios de militares involucrados en asesinatos y desapariciones forzadas, presentados falsamente como bajas en combate en el Catatumbo. Se abordaron 13 hechos cometidos en 2006 y 2008, que dejaron 17 víctimas.
Relatos para conocer la verdad
Los afectados encontraron respuestas a sus interrogantes, lo que permitió aclarar dudas y avanzar en la implementación de acciones restaurativas en el marco del conflicto armado que ha afectado a esta zona del país.
El magistrado Pedro Elías Díaz Romero, de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la JEP, está a cargo del seguimiento al régimen de condicionalidad de los comparecientes de la Fuerza Pública.
«La audiencia constituye un espacio para el aporte a la verdad, el reconocimiento de responsabilidades y las manifestaciones restaurativas en el territorio del Catatumbo. Son 13 hechos de ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron entre los años 2006 y 2008», precisó.
Los comparecientes debían estar en la ciudad; sin embargo, por razones de logística y seguridad, se habilitaron sistemas de comunicación digital desde salas alternas en Bogotá, Bucaramanga y Cúcuta. Desde estos espacios participaron de manera virtual, acompañados de sus respectivos abogados, para conocer las versiones.
Lea además: Madres buscadoras del Catatumbo siguen luchando por conocer la verdad sobre sus seres queridos
La decisión de evitar el traslado a los territorios surgió a partir de la primera audiencia, realizada en septiembre de 2024 en San Calixto.
Un compromiso real
El ejercicio servirá para implementar actividades concertadas con los familiares de las víctimas y los comparecientes, en aras de avanzar en la reparación, los aportes a la verdad y las medidas de satisfacción, como la construcción de memoria y la dignificación de las víctimas. De esta manera, la justicia restaurativa propicia formas adicionales a las tradicionales de compensación y retribución, en cumplimiento de los principios humanitarios.
Los implicados reconocieron el daño causado a la sociedad por las violaciones de los derechos humanos. Según los magistrados, se conoció la verdad y se despejaron las falacias construidas en torno a esos crímenes.
En la región del Catatumbo, la JEP tiene un estimativo superior a las 700 víctimas de ejecuciones extrajudiciales durante el conflicto armado. Estos crímenes se habrían cometido para acceder a prebendas del propio Estado, como permisos, licencias y medallas, sin importar el dolor de las familias, agregaron.
Además, se develó cómo se encubrieron esos asesinatos, primero por parte de la Justicia Penal Militar y, posteriormente, en la Fiscalía General de la Nación.
Lea además: Campesinos huyen de los ataques con drones en la zona rural de San Calixto, Norte de Santander
Ahora, las familias conocen la verdad y esperan las acciones restaurativas que permitan limpiar el buen nombre de sus seres queridos, reiteró Díaz Romero.
Gracias por valorar La Opinión Digital. Suscríbete y disfruta de todos los contenidos y beneficios en http://bit.ly/SuscripcionesLaOpinion
