Revuelo y preocupación ha generado en Ocaña el escándalo que estalló en las últimas horas al interior de la Defensoría Regional del Pueblo de ese municipio y que provocó la renuncia del titular de ese cargo desde hace cuatro años, el abogado Ever Jesús Pallares Baene.

El funcionario fue señalado de, supuestamente, filtrar información confidencial de líderes sociales a miembros del Eln, dado su parentesco con una de las comandantes de esa guerrilla en el Catatumbo, Luz Amanda Pallares, más conocida como Silvana Guerrero.

De acuerdo con una investigación periodística publicada ayer por Noticias RCN, actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta una investigación en la que se vincula al saliente defensor con el manejo irregular de información sobre líderes sociales y defensores de derechos humanos en el Catatumbo, la cual habría sido utilizada posteriormente para intimidar a las personas.

Uno de los casos puntuales, dice el medio de comunicación, es el de un defensor de derechos humanos que adelantaba acompañamiento a las víctimas del conflicto y a exintegrantes del Frente 33 de las Farc que habían dejado las armas y quien recibió una amenaza en febrero de 2025.

La denuncia sostiene que el mensaje intimidante atribuido al Frente Nororiental del Eln, incluía datos sobre su actividad humanitaria y jurídica que, según el denunciante, solo eran conocidos en ese momento por la Defensoría Regional de Ocaña y el Ejército.

El aspecto que terminó por agravar el señalamiento contra Pallares, es su aparente relación familiar con alias Silvana, quien desde que estalló la guerra en el Catatumbo, en enero de 2025, se ha hecho más visible por sus constantes apariciones en videos que circulan en las redes. 

De acuerdo con la información que divulgó Noticias RCN, el ahora exdefensor del Pueblo es sobrino de la comandante del Eln. Sin embargo, ayer, en ese mismo noticiero, el exfuncionario aseguró que la mujer no es su tía, sino una prima en cuarto grado de consanguinidad. “Se trata de una prima que hace más de 30 años decidió tomar las armas”, dijo.

La denuncia que existe en contra Ever Pallares en la Fiscalía, al parecer, también menciona a otros miembros de su familia y, según RCN, plantea la hipótesis de una posible estructura de infiltración dentro de entidades del Estado.

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“El documento solicita investigar delitos como revelación de secreto, concierto para delinquir agravado, terrorismo, amenazas y abuso de autoridad, además de revisar vínculos contractuales y financieros”, dice el informe periodístico.

Lo que dijo el exdefensor

Una vez se conocieron los hechos en los que está involucrado el exdefensor del Pueblo, la entidad a nivel nacional hizo público un comunicado en el que dio a conocer la renuncia del funcionario.

“La entidad tuvo conocimiento de que las autoridades investigan conductas presuntamente atribuibles al defensor regional de Ocaña, razón por la cual el funcionario presentó su renuncia al cargo. La renuncia permite preservar la confianza institucional y que la acción judicial se desarrolle sin ningún tipo de interferencia. Para tal fin, brindaremos toda la colaboración que nos sea requerida por las autoridades”, dice el documento.

En entrevista con el mismo medio de comunicación que reveló la información, Ever Pallares aseguró que “nadie tiene por qué responder por conductas ajenas cometidas por otras personas, sean familiares o de otro tipo”.

El exfuncionario destacó que lleva más de 15 años ejerciendo labores en defensa de los derechos humanos en el Catatumbo y recordó que, “con sacrificio y esfuerzo salí de una vereda de Teorama, víctima también de la violencia, y tomé el camino de proteger a las familias del Catatumbo”.

Frente a la investigación preliminar de la Fiscalía por amenazas, aseguró que no conoció la información mencionada en la denuncia y que su papel fue solicitar medidas de protección para el defensor de derechos humanos que denunció la supuesta filtración.

“Tengo total transparencia y espero que la Fiscalía haga su trabajo, esclarezca e investigue”, dijo. Añadió que nunca intervino en el proceso judicial de la denuncia y que su gestión se limitó a tramitar medidas de seguridad ante la Unidad Nacional de Protección y la Policía.

Entre tanto, la Defensoría del Pueblo en su comunicado hizo énfasis en que confían en que las instituciones de justicia esclarezcan plenamente los hechos dentro del marco del debido proceso, la presunción de inocencia y la responsabilidad individual.

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“La Defensoría del Pueblo ha actuado bajo la convicción de que los vínculos de consanguinidad con personas que han cometido crímenes y causado daños irreparables a la población civil no permiten atribuir a una persona las conductas de sus familiares”, señaló la entidad.

Preocupación

Tanto en Ocaña como en la región del Catatumbo causó gran impacto la revelación del noticiero nacional, aunque en algunos sectores aseguraron que dicho señalamiento ya era ampliamente conocido, solo que nadie se atrevía a ponerlo en conocimiento, debido a la delicada situación de orden público registrada en los últimos años.

Otros, en cambio, manifestaron que, si no se tienen pruebas contundentes sobre la supuesta injerencia del Eln en la Defensoría del Pueblo, se estaría jugando “con la vida y honra de un ciudadano”.

La representante de la Red de Mujeres del Catatumbo, Alba Luz Trigos, manifestó que prefiere esperar el avance de las investigaciones para determinar si en realidad existe o no alguna responsabilidad del exfuncionario, quien con integrantes de la comisión de reconciliación de la Diócesis de Ocaña acompañó el proceso de liberación de más de un centenar de secuestrados en esta zona del país.

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Entre tanto, líderes sociales dedicados a defender los derechos humanos dijeron que temen por el ejercicio de su labor, ya que cualquier filtración de información puede aumentar su nivel de exposición frente a los grupos armados ilegales.

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