A falta de una, esta semana aparecieron dos iniciativas legislativas en el Congreso de la República, encaminadas a conseguir el piso jurídico para el funcionamiento de la Universidad Nacional del Catatumbo, construida en el municipio de El Tarra.

La sede educativa, cuya infraestructura ya está prácticamente terminada, no cuenta con la formalidad de ley que permita su puesta en funcionamiento, toda vez que el proyecto que se presentó con ese fin, en febrero de 2025, ante el Senado y la Cámara, naufragó en el intento por falta de tiempo y trámite. 

Ante la urgencia que representa para la juventud del Catatumbo que esta universidad se habilite, la representante de la curul de paz, Tatiana Gaona Pinzón, con el apoyo de otros senadores de la región, radicó una nueva iniciativa, pero conservando los avances que ya había alcanzado la que se archivó en la pasada legislatura.

Entre tanto, en las últimas horas, la senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, presentó un proyecto adicional y aseguró que la propuesta busca reafirmar el compromiso que tuvo el gobierno del presidente Gustavo Petro con la juventud y la educación en esta importante región de Norte de Santander.

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El factor tiempo es el que ahora empieza a jugar en contra, toda vez que la iniciativa deberá surtir nuevamente los cuatro debates reglamentarios en Senado y Cámara, y pasar a la respectiva sanción presidencial, si es aprobada. A la vez, se deberán gestionar los recursos y adecuar las instalaciones de la universidad con la tecnología y todo lo que requiere para su funcionamiento, lo cual demandará también un largo proceso.
 

Una propuesta

La senadora Omaña manifestó que los jóvenes tienen derecho a educarse para superar las secuelas del conflicto, a través de programas agropecuarios enfocados a la sustitución de cultivos ilícitos y de esta forma poder saldar esa deuda histórica con la subregión del Catatumbo.

En ese sentido, destacó que lo importante es que la sede ya está lista y dijo que en la Comisión Sexta se analizarán los alcances de la misma y se entregarán las herramientas necesarias para la operatividad.

Por su parte, la representante Gaona Pinzón propuso un plan de choque para abrir de inmediato el complejo educativo de El Tarra, mientras se da su aprobación en el Congreso. “La Ley es indispensable, pero mientras se tramita, el SENA, el ISER, las Universidades de Pamplona y Francisco de Paula Santander, deben empezar a dictar clases, pues la infraestructura ya existe y no puede seguir vacía”, planteó.

La representante habló de cinco acciones que se pueden poner en marcha para habilitar la sede cuanto antes. Entre ellas, planteó una mesa técnica urgente con la articulación de la Alcaldía de El Tarra, la Gobernación de Norte de Santander, ART, Fondo Paz y el Ministerio de Educación para asegurar los servicios públicos pendientes de la obra.

Así mismo, propuso un convenio de operación transitoria donde se permita que el SENA, ISER, UFPS, usen las instalaciones de inmediato para impartir formación. Lo otro que sugiere es la activación comunitaria, vinculando como veedora a la Asociación de municipios de Ocaña, sur del Cesar, zona del Catatumbo, el pueblo barí y organizaciones sociales.

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Gaona propone, además, suscribir un acuerdo nación-territorio, con el propósito de gestionar con la Gobernación el convenio financiero que exige la Ley 30 de 1992.
 

Las incógnitas

Sobre el futuro de las dos iniciativas mediante las cuales se pretende darle vida jurídica a la Universidad del Catatumbo, el abogado, especialista en derecho público y contencioso administrativo, y catedrático, Lumar Fernando Sierra Rochell, considera que ambos proyectos no riñen desde el punto de vista jurídico, pero sí pueden dilatar una solución definitiva.
 
“En este caso falta mucha tela que cortar, porque lograr la creación de una universidad no se consigue de la noche a la mañana y se requieren muchos análisis”, resaltó el profesional ocañero, quien sugiere apelar a una herramienta denominada conciliación, entre ambas cámaras, con el fin de aprobar la puesta en funcionamiento de la institución de educación superior lo más pronto.

Sin embargo, admite que este es un tema bastante complejo, ya que se debe tener en cuenta el Plan Nacional de Desarrollo, la incorporación del presupuesto para la planta de personal, el reconocimiento del Ministerio de Educación, la acreditación de los programas pertinentes de acuerdo a las necesidades de la población, entre otros aspectos.

“El debate apenas empieza y el proyecto hay que aterrizarlo a la realidad de la zona con vocación agropecuaria y donde se deben buscar alternativas para la sustitución de cultivos de uso ilícito. Considero que para la aprobación se demora un año largo. Posteriormente, vienen los trámites para la dotación y garantizar el funcionamiento. Eso demora unos tres años”, recalcó Sierra Rochell, al hacer la proyección de lo que le espera a la iniciativa legislativa en el Congreso. 

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En términos generales, cuando dos proyectos de ley coinciden en nombre y objeto, pero tienen autores distintos, el Reglamento del Congreso (Ley 5ª de 1992) contempla la figura de acumulación de proyectos (arts. 151 y 152): la Mesa Directiva de la comisión respectiva puede ordenar que se tramiten conjuntamente, designando una ponencia única (a veces con varios ponentes) que produce un solo texto para primer debate. Esto evita que avancen en paralelo dos iniciativas idénticas y el tiempo apremia, agregan expertos.

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