En Cúcuta, la ocupación del espacio público por parte de vendedores formales e informales, quienes han convertido parques, paseos peatonales y zonas tradicionales en áreas de comercio y restaurantes improvisados, ha desatado una intensa discusión sobre el orden urbano, la formalización y la seguridad.
Esta es una historia que tiene tanto de ancho como de angosto. Una problemática que ha hecho carrera, sin importar la figura jurídica o el argumento que se invoque para justificar la ocupación del espacio público en la capital nortesantandereana.
En Cúcuta, la defensa del derecho al trabajo se convirtió en el principal argumento para justificar la persistencia de este fenómeno.
Así, a lo largo de unas seis décadas se fue extendiendo una telaraña de negocios sobre andenes, parques y otros espacios de uso colectivo. Ninguna administración municipal, desde la de María Eugenia Riascos, pasando por las de Donamaris Ramírez Lobo, César Omar Rojas, Jairo Yáñez y Jorge Acevedo Peñaloza, ha logrado ponerle el ‘cascabel al gato’ y hacer cumplir las normas que protegen esos lugares destinados al disfrute de los habitantes.
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Los operativos y planes emprendidos por estos alcaldes no consiguieron resolver el problema. En unos gobiernos con mayor alcance que en otros, el resultado terminó siendo el mismo: los vendedores formales e informales regresaron con sus puestos y mercancías a los espacios que habían sido recuperados.
La costumbre se impuso
Primero ocuparon los andenes; después, las calzadas, los separadores de las avenidas y los malecones. Desde hace unos 15 años, la ocupación se extendió a parques y plazoletas, algunos de los cuales terminaron convertidos en restaurantes al aire libre.
Algunos de esos negocios al aire libre comenzaron vendiendo mute por encargo desde sus casas, pero, con el paso del tiempo, instalaron mesas y sillas en parques y glorietas y trasladaron sus comedores hasta esos espacios.
Al comienzo hubo protestas de los vecinos. Molestos por el humo de los fogones de leña, reclamaron a las autoridades por la presencia de estos restaurantes en los parques. Sin embargo, la costumbre terminó imponiéndose y, pese a la resistencia inicial, los establecimientos fueron aceptados.
Esta situación se repite en una veintena de parques de distintas comunas, donde prácticamente ha desaparecido la resistencia de los vecinos y la capacidad de las autoridades para garantizar que el espacio público vuelva a ser para todos.
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Lo más preocupante es que los niños y las niñas encontraron que aquellos lugares donde antes jugaban y compartían con sus vecinos ahora están ocupados por estufas, sillas, comedores, bancas y hasta cilindros de gas, elementos que representan un riesgo para su integridad física.
La oferta gastronómica va desde el tradicional mute hasta las parrilladas, en muchos casos sin que existan condiciones adecuadas de higiene y asepsia para la manipulación de alimentos.
Frente a esta situación, las autoridades sanitarias y de higiene, así como las dependencias responsables de garantizar que el espacio público sea para las familias y no exclusivamente de comerciantes y comensales, parecen hacer la vista gorda ante la transformación de parques, glorietas y separadores viales en establecimientos comerciales.
Se agudizó el problema
El problema, que comenzó a normalizarse con el paso de los años, se agravó en 2019, durante la administración de César Omar Rojas. En ese momento, el entonces director de Planeación Municipal, Jorge Omar Gandolfo, entregó en concesión a particulares 26 parques de la ciudad. (Ver infografía).
En estos lugares, que son bienes de uso público y que, por ley, deben estar al servicio de todos los ciudadanos, las decisiones pasaron a manos de particulares, quienes pueden cobrar por el uso y disfrute de estas áreas sin que, según las denuncias conocidas, exista un control efectivo por parte de la administración municipal.
Pero uno de los aspectos más cuestionados de esta situación es que las comunidades de los sectores donde están ubicados los parques, las canchas y los escenarios deportivos no fueron consultadas sobre la entrega en concesión de los mismos.
En barrios como Prados del Este, Prados Norte, Pescadero, Zulima, Guaimaral y San Eduardo, entre otros, los habitantes acudieron al Concejo para pedir explicaciones sobre la forma en que los parques y escenarios deportivos de sus vecindarios pasaron a ser administrados por particulares.
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“Ahora toca pedir permiso para sentarse en una banca”, manifiesta Manuel González, residente en el primero de estos sectores.
En Pescadero también se desató una polémica porque la cancha donde los vecinos han jugado durante toda la vida pasó a manos de un particular. Ahora, según las denuncias de la comunidad, deben pagar para que les permitan ingresar.
De acuerdo con la información conocida por La Opinión, la entrega a particulares de los parques para su administración, Gandolfo justificó estas concesiones señalando la falta de recursos económicos y de personal de la Alcaldía para asumir el mantenimiento y la conservación de los espacios públicos de la ciudad.
Las obligaciones de los concesionarios, sin embargo, han sido cuestionadas por las comunidades. Entre sus compromisos está mantener los lugares en buen estado y en condiciones de limpieza, mientras pueden obtener ingresos mediante el aprovechamiento económico de los espacios que administran.
Los particulares encargados de estos bienes también pueden cobrar por la publicidad que se instale en ellos y arrendar el mobiliario y los locales comerciales existentes, como ocurre en el parque San Rafael.
Una reconocida firma de comidas rápidas lleva más de 20 años aprovechando comercialmente un espacio público del parque Ceiba. Este mismo lugar fue incluido por Gandolfo, en 2019, en una nueva concesión por otros 10 años.
Los comodatos y acuerdos relacionados con el manejo de estos 26 espacios públicos abarcaron parques, puentes, plazoletas, canchas sintéticas, polideportivos e incluso andenes. En su mayoría, se trataba de escenarios que habían sido inaugurados recientemente.
Según líderes comunales que hablaron con La Opinión, Gandolfo entregó los comodatos sin procesos transparentes de selección, sin estudios técnicos ni de prefactibilidad y sin tener en cuenta la opinión de las comunidades beneficiadas por estos espacios.
Dos de los parques que en aquella oportunidad no pasaron a manos privadas fueron el Simón Bolívar, ubicado en el barrio Colsag, y el Centenario, en Quinta Oriental.
En este último caso, el arrendamiento o comodato fue suscrito por Carlos Gamboa, representante de la junta mencionada, y el comerciante José Luis Mora. El acuerdo se pactó por seis años, periodo durante el cual Mora asumiría el cuidado y mantenimiento del terreno, de 7.740 metros cuadrados.
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A cambio, el comerciante podía aprovechar económicamente el parque. Entre sus planes estaba demoler la fuente y construir una plazoleta de comidas con ocho locales comerciales. Sin embargo, la iniciativa se frustró por la intervención de la comunidad.
Una suerte distinta corrió el parque Cúcuta 300 Años, que cuenta con más de 9.000 metros cuadrados e incluye un parqueadero con capacidad para más de 250 vehículos. Este espacio fue entregado en concesión a un particular por un periodo de 10 años.
Falta control
Otro de los cuestionamientos tiene que ver con los recursos que recibe el municipio por la explotación económica de estos escenarios. Según las denuncias conocidas, la Alcaldía de Cúcuta no recibe ingresos por el aprovechamiento que haga el concesionario durante el tiempo que permanezca al frente de un parque o una cancha.
Dirigentes deportivos consultados por La Opinión cuestionaron esta situación y señalaron que una cancha sintética, como las entregadas en concesión por Gandolfo, puede producir en promedio 21 millones de pesos mensuales.
Los años pasan y los comerciantes formales e informales continúan extendiendo su presencia sobre el espacio público de una ciudad donde las ocupaciones se han convertido en una constante y los intentos de recuperación no han conseguido una solución duradera.
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La Opinión consultó a Carolina Ujueta, secretaria de Gobierno, sobre los planes de su despacho para contener la ocupación del espacio público y atender las situaciones que se presentan en parques que hoy funcionan como restaurantes. Sin embargo, al cierre de esta edición la funcionaria no quiso pronunciarse sobre el tema.
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