Minminas le dice a los carboneros y coquizadores cómo recuperarán el sector

La industria del carbón y coque sufrió en los últimos cuatro años una contracción debido a que, a la crisis de los mercados internacionales y las presiones geopolíticas, se sumó un entorno regulatorio adverso por las políticas del gobierno de Gustavo Petro, que llevó a la pérdida de 25.000 empleos directos.

Este fue parte del panorama que expusieron los presidentes ejecutivo y de la Junta Directiva de la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón), Carlos Cante y Juan Manuel Sánchez, durante la inauguración de la Cumbre Colombiana del Carbón y Coque, en Bogotá, que reúne hasta hoy a autoridades, expertos, líderes gremiales y empresarios, varios de ellos de Norte de Santander.

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Ante la ministra de Minas y Energía, María Nohemí Arboleda, y otros representantes de la administración del presidente Abelardo de la Espriella, Cante resaltó que mientras los precios internacionales se desplomaron, las condiciones de seguridad se deterioraron en el país, los bloqueos y atentados se multiplicaron y la tasa de cambio registró una elevada volatilidad. 

El presidente ejecutivo de Fenalcarbón precisó que los empresarios del sector son tomadores de precios en dólares, por eso necesitan ser muy competitivos a nivel local, porque, aunque venden sus productos en la divisa estadounidense, todos sus costos son en pesos: combustible, salarios de trabajadores, gastos asociados a la actividad minera o al desarrollo industrial del coque. 

“Luego, por cada 100 pesos que disminuye la tasa de cambio por debajo de un promedio aproximado de equilibrio de $3.700, que han determinado los expertos, la economía del carbón y el coque deja de recibir $450.000 millones”, apuntó el también exministro de Minas y Energía.

El líder gremial resaltó que, con un precio promedio de $3.200, como el de ahora (una diferencia de $500 por dólar), el sector pierde más de $2 billones, “y finalmente esos son recursos que se dejan de irrigar en las regiones en materia de regalías, de impuestos, de compra local”.

De acuerdo con Fenalcarbón, una evaluación preliminar solo en la minería del carbón del interior del país, existen inversiones represadas cercanas a los US$150 millones, que están disponibles para desarrollarse, así como nuevos proyectos que esperan señales positivas y una inversión similar.

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Diversificación de la matriz y apoyo

La ministra María Nohemí Arboleda expresó que es clave la soberanía energética, la cual se ha venido perdiendo en los últimos años, y que, para el crecimiento del país, se vuelve un obstáculo no tener resuelto el abastecimiento de energía. 

Precisó que la producción de carbón se sitúa un 25%, aproximadamente, por debajo de los niveles anteriores, por lo que buscarán trabajar junto con el sector para recuperar esta capacidad productiva, al tiempo que recordó que la reservas de este mineral son de entre 4.600 y 7.500 millones de toneladas, según la Agencia Nacional de Minería (ANM).

“Este gobierno cree en la diversificación, en la importancia de todas las fuentes de energía y vamos a trabajar por eso hasta donde alcancemos. Entendemos y sabemos la importancia que tiene el carbón en nuestra matriz, es parte de la respuesta para esa seguridad energética y para esa soberanía”, afirmó la jefa de la cartera de Minas y Energía.

Igualmente, subrayó que el país tiene una matriz basada en el agua donde, en condiciones normales, los recursos hídricos proveen casi el 80% de la demanda, mientras que el resto proviene de la generación térmica. 

“Y cuando estamos en una condición bajo presión, como la que hemos visto, han venido las térmicas entrando a sostener en un porcentaje importante, por lo que esa matriz cambia y llega al 45%-50%”, añadió la ministra, destacando que las térmicas a carbón tienen una capacidad instalada de generación de 1.620 megavatios (MW).

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Para fomentar una minería de carbón responsable, moderna y segura, la ministra propone:

• Modernización y mejores tecnologías. “La descarbonización no se logra simplemente apagando la industria, sino modernizándola”, dijo María Nohemí Arboleda. Por eso, el Gobierno acompañará los proyectos, condicionado a que utilicen las mejores tecnologías disponibles para mitigar el impacto sobre el medio ambiente.
• Formalización y seguridad minera. Se busca promover la transición hacia la legalidad del minero tradicional, unificando la formalización y la seguridad en una sola política pública, para evitar accidentes.
• Eliminación de obstáculos y apoyo al sector. Identificar y remover los obstáculos que enfrenta el sector, además de brindar incentivos para atraer nuevas inversiones de largo plazo en el país.
• Enfoque pedagógico y de responsabilidad socioambiental. Promover la producción con responsabilidad social y ambiental, mediante un trabajo pedagógico para demostrar con hechos, datos y criterios técnicos que la minería puede ser responsable, amable con el medio ambiente y traer el desarrollo que el país necesita.

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Situación crítica en Norte de Santander

Carlos Cante destacó que una de las regiones que más se vio afectada por la situación es Norte de Santander, pues, en el inventario que se hizo hace algunos años, encontraron en el país cerca de 13.000 hornos de coquización, y en donde más se tuvieron que apagar estas instalaciones fue en ese departamento.

“Hay regiones que se vieron afectadas mucho más que otras por los términos de intercambio, temas tributarios, tasa de cambio, la sobreoferta de coques de Indonesia; pero una que se vio particularmente afectada fue Norte de Santander, que tenía, para ese momento y si la memoria no me falla, cerca de 5.000 hornos; llegamos a tener el 70% de ellos cerrados, perdiéndose muchos empleos”, añadió el vocero de Fenalcarbón.

El economista dijo que Córdoba fue otro de los departamentos golpeados, donde tuvieron, como mínimo, que salir de 2.000 trabajadores. Sin embargo, recalcó que la realidad comienza a cambiar a nivel nacional, con la reactivación de las plantas y las operaciones mineras.

“En Norte de Santander, eso va a depender mucho de la recuperación de las condiciones de seguridad del territorio”, enfatizó Cante en referencia al complejo problema de orden público por la actuación de grupos armados y bandas criminales.

El dato

Según Fenalcarbón, los ingresos para el Estado generados por el carbón y el coque pasaron de cerca de $15 billones, en 2022, a solo $3,5 billones, el año pasado.

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