Entre 2002 y abril de 2026, Migración Colombia registró más de 259 millones de movimientos migratorios en el país, de los cuales se han registrado cerca de 1,52 millones de detecciones de migración por darse en tránsito irregular; pero, además, en territorio existe una población venezolana con vocación de permanencia superior a 2,84 millones de personas. 

Con este último grupo hay algo que resaltar, y es que los migrantes venezolanos -con vocación de permanencia- representan la segunda minoría en Colombia, detrás de los afrodescendientes y por delante de la población indígena. 

Según el último informe entregado por el órgano migratorio, con corte al 31 de marzo de este año, alrededor de 74.999 venezolanos están en regularidad a través de mecanismos como cédulas de extranjerías o permisos de corta estancia, es decir, bajo el régimen migratorio ordinario. Pero, además, 1.964.942 ciudadanos venezolanos cuentan con un Permiso por Protección Temporal (PPT) vigente, es decir, están amparados por el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). 

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Mientras que otro grupo, de unos 322.335 mantienen un preregistro activo con la Certificación de Trámite de Permiso por Protección Temporal (PPT) que, de acuerdo con la Resolución 4645 (Unidad Administrativa Especial Migración Colombia, 2024), es de carácter temporal y tendrá vigencia hasta la fecha en que se decida de fondo la solicitud del PPT.

Pero, además, existen unas 459.291 personas venezolanas que sí están en condición de irregularidad. Sin embargo, si se suma esta última cifra y la anterior donde aún no se han concretado las solicitudes del documento que concreta la regularización, estamos hablado de una población de 781.626. 
Todo este escenario, plantea una serie de desafíos para Colombia en la formulación e implementación de políticas migratorias. 

El país tiene un panorama en el que conviven personas regularizadas, ciudadanos en procesos de regularización y una población que permanece por fuera del régimen migratorio, lo que plantea preguntas sobre el alcance de las medidas que puede adoptar el Estado frente a cada uno de estos grupos. Sin embargo, De la Espriella afirmó que va dar inicio a una serie de operativos coordinados entre Migración Colombia y la Policía Nacional para identificar a aquellos migrantes en situación irregular y avanzar en procesos de deportación. 

Pero, este escenario de endurecer la política migratoria en el país va más allá de una decisión política. Así lo explica el abogado migratorio, César González, quien aseguró que el principal reto va estar en determinar hasta dónde puede llegar el Estado sin convertir una infracción administrativa en un delito que no existe en la legislación colombiana.

González reconoció que el Presidente tiene las facultades para impartir directrices de alcance nacional en materia migratoria, sin embargo, precisó que cualquier deportación debe estar precedida por un procedimiento administrativo. 

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El experto enfatizó la importancia de establecer claras diferencias entre irregularidad migratoria y la criminalidad, porque el propio De la Espriella sostuvo en su declaración que en estos operativos se priorizarán extranjeros que presuntamente estén cometiendo delitos. 

Pero, González explicó que también hay que tener en consideración que una persona investigada no puede ser tratada como condenada.  “Una persona que esté siendo investigada técnicamente no puede ser deportada”. La situación cambia cuando existe una condena, pues en determinados casos la ley contempla la expulsión como pena accesoria una vez cumplida la pena principal.

Para González el punto más álgido es cuando se pretende detener a personas únicamente por su situación migratoria irregular, porque refirió que Colombia no cuenta actualmente con una figura penal que permita privar de la libertad a alguien por haber ingresado irregularmente al territorio. 

Por eso, una eventual creación de mecanismos de detención específicos requeriría una modificación legal.

“Para tipificar un delito de esta naturaleza se tiene que crear una ley ante el Congreso de la República”, señaló el abogado.

Lo que él explica es importante porque una orden administrativa, por sí sola, no podría crear una conducta penal ni habilitar una privación de la libertad que la legislación no contempla.

El debido proceso

Antes de concretarse una deportación deben considerarse, entre otros factores a los extranjeros como: solicitudes de visa, procesos de regularización y eventuales solicitudes de refugio. 

Sobre este punto González explicó que también debe primar el principio de la no devolución, es decir, que cuando una persona podría enfrentar persecución o graves riesgos en su país de origen “si la deportas, por ejemplo, para Venezuela, la persona puede ser detenida, puede ser apresada”, el Estado colombiano debe evaluar esa circunstancia.

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El abogado también alerta sobre el riesgo de que los operativos deriven en detenciones arbitrarias o perfiles basados en nacionalidad. Señalando que estos riesgos son enormes, advirtiendo que una detención sin fundamento legal podría generar acciones de hábeas corpus y eventuales condenas contra el Estado.

Discurso de cuidado 

Para Ronal Rodríguez, vocero del Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario, el primer punto que debe aclararse es ese. “En Colombia la irregularidad no es ilegalidad”, afirmó.

Según él, que De la Espriella utilice de manera reiterada el término ‘ilegal’ para referirse a los migrantes en condición irregular hace parte de una narrativa política que se ha extendido en distintos gobiernos de la región.

Sin embargo, sobre este aspecto Rodríguez advirtió que el país enfrenta un desafío de dimensiones particulares, pues los ciudadanos venezolanos representan la segunda minoría en Colombia y es muy riesgoso trasladar al contexto colombiano una serie de discursos antimigrantes como se ha hecho en otros países.

“Hay que ser muy cuidadoso cuando se hace referencia al tema migratorio porque esto tiene unas consecuencias importantes”, sostuvo Rodríguez, quien recordó lo sucedido con Claudia López en Bogotá, donde la entonces alcaldesa señaló que el incremento de la criminalidad estaba asociado a la llegada de los venezolanos. Ella tuvo que modificar su postura después de cuestionamientos jurídicos y de organizaciones internacionales, para posteriormente desarrollar una política pública orientada a la integración migratoria.

Rodríguez teme que es este episodio se replique ahora pero a escala nacional.

“Sería tristemente trágico que el Gobierno nacional recorra la misma senda de la señora Claudia López y particularmente que se criminalice a la población venezolana”, precisó.

Para el vocero del observatorio los discursos políticos sobre migración pueden terminar legitimando expresiones xenófobas. “Algunos actores de la sociedad se sienten legitimados para promover dinámicas xenófobas”, señaló.

Concentrar esfuerzo en la regularización

Las cifras de los venezolanos en Colombia demuestran que esta diáspora es más compleja que una simple división entre los migrantes que se encuentran de forma regular e irregular.

Rodríguez señala que actualmente habría unos 847.894 venezolanos en condición de irregularidad, incluidos quienes están en procesos de regularización. Pero, de este grupo hay que destacar a una población especialmente vulnerable –explica el vocero- que son unos 193.213 niños, niñas y adolescentes venezolanos que no están regularizados.

Para el experto, esta realidad debería llevar al Estado colombiano a concentrar sus esfuerzos en implementar procesos de regularización e integración, antes de pensar en deportaciones. 

El investigador de la Universidad del Rosario cuestionó que Colombia abandonara una política migratoria que, pese a sus problemas, ha sido reconocida internacionalmente.

“Colombia tiene una carrera que ha hecho en materia de integración migratoria. No puede caer o dejarse llevar por dinámicas de discurso simplificadoras. El tema migratorio en el país es mucho más complejo”, enfatizó.

Por su parte, William Gómez, experto en temas fronterizos, cuestionó que la respuesta estatal se concentre en la deportación y planteó, en cambio, reactivar mecanismos de regularización. Según explica, muchos venezolanos no han podido acceder a una visa, un permiso humanitario o al PPT, porque algunos trámites fueron suspendidos desde 2024.

Para el analista, el Gobierno debería valorar el aporte de esta población al país antes de adoptar medidas generalizadas. Gómez destaca aportes en empleo, natalidad y economía, y propone reactivar el PPT mediante un proceso que permita identificar a quienes llevan años residiendo en Colombia. Además, advierte que las condiciones políticas y sociales de Venezuela siguen siendo precarias, lo que hace más compleja cualquier política de deportación masiva.

El anuncio de De la Espriella abre otro capítulo para una política migratoria que ya venía enfrentando dificultades. Ahora, el reto será determinar si el nuevo Gobierno convierte su promesa de control migratorio en una política de expulsión o si logra combinar un escenario favorable entre seguridad, regularización e integración de una población en condiciones de vulnerabilidad.

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