Este 24 de agosto de 2026 se cumplen exactamente dos meses del doblete sísmico que sacudió el norte de Venezuela el 24 de junio. Dos terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, separados por apenas 39 segundos, con epicentros en la zona de Yaracuy y la costa de La Guaira, generaron la peor catástrofe natural del país en más de un siglo.

Lo que quedó no es solo un paisaje de ruinas, sino también el retrato de un Estado con capacidad limitada para responder a la escala del desastre.

Las cifras oficiales de víctimas siguen subiendo, aunque a un ritmo más lento. El último balance conocido elevó el número de fallecidos a 6.438, una cifra que ya se acerca a los 6.500 según reportes recientes.

Los heridos superan ampliamente los 16.000 según partes previos y algunas estimaciones internacionales hablan de decenas de miles de personas atendidas. Los desaparecidos, que en los primeros días se cifraron en decenas de miles según la ONU, siguen sin un conteo transparente y definitivo.

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¿Cuál es la situación actual?

En La Guaira, la zona más devastada, aún se recuperan cuerpos entre los escombros mientras continúan las demoliciones controladas.

En materia de vivienda e infraestructura, el panorama es igual de sombrío. Estimaciones de la NASA y organismos internacionales hablaron de cerca de 59.000 edificios dañados o destruidos en las primeras evaluaciones.

De las decenas de miles de viviendas inspeccionadas por las autoridades, un porcentaje significativo permanece en “alto riesgo” o con restricciones de uso. Apenas unos cientos de viviendas han sido entregadas o rehabilitadas (cifras oficiales de comienzos de agosto hablaban de 287, con entregas posteriores limitadas).

Cerca de 18.000 personas perdieron su hogar y miles continúan en campamentos temporales. El retiro de escombros en La Guaira alcanza ya los 2,1 millones de toneladas; el proceso podría demorar un año y se ha anunciado la trituración y reutilización de materiales, una medida pragmática pero insuficiente ante la magnitud del problema.

Los costos del desastre se han revisado al alza. El Banco Mundial estima daños físicos directos en unos 19.600 millones de dólares. Otras evaluaciones sitúan el costo total de una reconstrucción digna entre 25.000 y más de 37.000 millones, e incluso hasta 50.000 millones si se incluyen estándares sismorresistentes modernos e infraestructura crítica.

La reconstrucción avanza, pero a un ritmo que muchos califican de insuficientemente ambicioso. Se han activado cientos de frentes de trabajo, se reutilizan escombros y se aprobó una reforma legal para impulsar la construcción de viviendas.

En La Guaira, el principal puerto y el aeropuerto internacional —arterias vitales del país— siguen con operaciones limitadas. El tejido comercial de la zona costera se ha desplomado: de miles de establecimientos, solo una fracción permanece abierta. La economía, ya frágil, sufre un golpe adicional que podría retrasar la recuperación durante años si el ritmo no se acelera.

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