Ante los recientes episodios en los que jóvenes campesinos han caído en campos minados, defensores de derechos humanos insisten en la necesidad de adoptar acciones para erradicar esos artefactos en la zona del Catatumbo.
Desde hace varias décadas, la subregión vive atrapada entre la vida y la muerte como consecuencia de la confrontación entre grupos armados que se disputan el control territorial.
La lucha por el dominio de los cultivos de uso ilícito, las rutas del narcotráfico y la minería ilegal ha convertido a esta zona del país en uno de los escenarios más complejos del conflicto armado colombiano.
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Entre 1992 y el 30 de mayo de 2026, un total de 943 personas han sido víctimas de minas antipersonal en el Catatumbo. De ellas, 646 pertenecen a la Fuerza Pública y 297 son civiles, cifras que evidencian el alto costo humano que ha dejado la violencia y el impacto que estas armas indiscriminadas siguen causando sobre la población.
Simbiosis de la guerra
A este panorama sombrío se suma una preocupante limitación. La Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal de la Presidencia de la República ha certificado que, debido a las condiciones de inseguridad que persisten en la región, actualmente no existen las garantías necesarias para adelantar operaciones de desminado humanitario, lo que prolonga el riesgo para miles de habitantes, manifiesta el sociólogo y exintegrante del Comité Internacional de la Cruz Roja, Edward Álvarez Vacca.
“Como si las minas antipersonales no fueran suficientes, una nueva amenaza se cierne sobre el Catatumbo. Se estima que más de 300 drones están en poder de los grupos armados ilegales, equipos que han sido adaptados para labores de vigilancia y, en algunos casos, para ejecutar ataques con explosivos. Esta situación incrementa el peligro tanto para la población civil como para la Fuerza Pública y representa un nuevo desafío para la seguridad de la región”, agrega el líder.
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Frente a este complejo escenario, el nuevo Gobierno deberá asumir grandes retos para avanzar en la recuperación de la seguridad, la protección de la población y la consolidación de la presencia institucional en el Catatumbo, reitera.
Preguntas sin respuestas
Son muchos los interrogantes que plantean los líderes sociales ante el cambio de Gobierno y la necesidad de garantizar la protección de la población civil en esta convulsionada zona.
Se preguntan: ¿Cómo recuperar la seguridad en el Catatumbo si amplias zonas del territorio permanecen minadas y, además, los grupos armados cuentan con drones para fortalecer sus acciones?
¿Cómo garantizar un desminado efectivo y sostenible que evite que los territorios vuelvan a ser contaminados con minas antipersonal?
¿Cómo asegurar una atención integral a las víctimas civiles, muchas de las cuales han perdido piernas o brazos y aún no reciben las ayudas técnicas y la rehabilitación que requieren?
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La protección de la población civil y la recuperación del Catatumbo demandan acciones urgentes, coordinadas y sostenibles por parte del Estado, afirma el defensor de los derechos humanos Edward Álvarez.
El Catatumbo bajo un fuego cruzado e invisible
Por aire y por tierra, el peligro en la región del Catatumbo ya no es una probabilidad, sino una amenaza permanente, señalan líderes sociales.
La parálisis operativa es tan grave que la Dirección para la Acción Integral contra Minas Antipersonal ya certificó la imposibilidad de adelantar operaciones de desminado humanitario por falta de garantías de seguridad.
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El Catatumbo está atrapado: no se puede limpiar el suelo porque los cielos y las armas ilegales no lo permiten.
Urgen acciones humanitarias
La presidenta de la Asociación de Madres del Catatumbo por la Paz e integrante de la Mesa de Víctimas de Norte de Santander, Carmen García, lamenta la situación que se vive en la región, donde más de 40 personas, entre menores de edad, jóvenes, adultos mayores y mujeres, han resultado afectadas en lo corrido del año.
“No se aprovecharon los acuerdos de paz para emprender el desminado humanitario y las consecuencias las sufren los labriegos. El Gobierno debería marcar esos territorios e iniciar detonaciones controladas para erradicar esos artefactos sin explotar, antes de que sigan causando más daño”, señala, al recomendar a los campesinos tener sumo cuidado al transitar por los caminos rurales.
Es imperativo consolidar zonas seguras que impidan que los territorios liberados vuelvan a ser contaminados de inmediato.
El Estado debe saldar la deuda histórica con las víctimas civiles que, tras perder sus extremidades, siguen esperando prótesis, rehabilitación y atención integral.
Como bien advierte el defensor de derechos humanos Edward Álvarez, la salvaguarda de la población civil exige acciones estatales urgentes, sostenibles y coordinadas.
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“El Catatumbo no necesita más diagnósticos ni promesas de escritorio; requiere la presencia inmediata de un Estado que limpie su suelo, proteja su cielo y sane a su gente”, recalca el defensor.
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